La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes la imputación de Esperanza Aguirre por su presunta participación en la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
En este sentido, el Ministerio Público ha presentado un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que pide reordenar las piezas del Caso Púnica y que se impute en una de ellas (la número 9) a Aguirre por delitos de corrupción. ¿En qué se sustenta esta decisión?
Reuniones con exdirigentes del PP
El Ministerio Público centra su decisión en las reuniones que Esperanza Aguirre mantuvo con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007.
En concreto, lo que achacan a Aguirre es haber participado en reuniones con Swat, que a su vez cobraba de Indra, que era una empresa concesionaria de la Comunidad de Madrid.
La acusación de la Fiscalía se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el escrito, los agentes ponen de manifiesto una serie de anotaciones recogidas en las agendas del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y del administrador de Swat, Juan Miguel Madoz, que apuntan a que se produjeron varias reuniones donde González pedía que distintas empresas pagasen gastos del Partido Popular de Madrid.
Estos encuentros se llevaban a cabo tanto en el despacho de González en la Puerta del Sol como en la sede de Swat, ubicada en el número 24 de la calle Velázquez, en Madrid. Para acusar a Esperanza Aguirre, los investigadores recuerdan las manifestaciones en sede judicial de la exdirectora general de Medios de la Comunidad, Isabel Gallego, que apuntó que en alguna ocasión llegaron a asistir tanto la expresidenta de la Comunidad como el exconsejero de Presidencia, Francisco Granados.
