Los investigadores de la trama Púnica tiene puesto en estos momentos el foco en la gestión presuntamente fraudulenta de la sociedad pública madrileña Arpegio -encargada de gestionar el suelo de la Comunidad de Madrid- ya que consideran que fue uno de los mayores focos de desfalco en esta macrocausa de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder "evidencias documentales sobre el reparto ilícito del suelo público de Madrid, como si se tratase de un botín". Así lo subraya el juez Eloy Velasco en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, donde explica que ese "botín" fue repartido a cambio del pago de "dádivas concertadas entre contratistas, intermediarios y el ex consejero madrileño Francisco Granados", desde el pasado martes en libertad. En ese 'reparto de cromos' ilegal habrían participado consejeros de la sociedad Arpegio y "otros participantes cuya responsabilidad hay que determinar".
Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la red Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad para manipular hasta 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Sólo los planes Prismas fueron dotados con 1000 millones de euros de fondos públicos.
En este contexto, los investigadores quieren determinar el papel que desempeñó en Arpegio el número tres de Cristina Cifuentes, el actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada. Por esta razón, Velasco ordenó el pasado mes de mayo a la Consejería de Presidencia del Gobierno regional que le entregase documentación sobre "el acto" por el que el máximo responsable de esta cartera "designó a Jaime González Tabaoda, director general de cooperación local, vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la mesa de contratación del plan Prisma de 2006-2007 y del Plan Prisma de 2008-2011".
Además, el instructor solicitó al Ejecutivo de Cifuentes copias "de las órdenes por las que se determinaron las obras y servicios objeto de encomienda a las empresas públicas Arpegio y Nuevo Arpegio" relacionadas con los citados planes.
"La voracidad de Arpegio"
En la resolución, Velasco pone de relieve "la voracidad de la sociedad Arpegio y sus mercantiles satélites -Dusa, Adolfo Maestre y Asociados, Técnicas Territoriales Urbanas (TTU), Jaraba y Tamame Asociados, y de los Consorcios Urbanísticos, por obtener beneficios personales o para terceros a partir de procesos acomodados de vena de parcelas de la Comunidad de Madrid, adjudicaciones públicas de parcelas para viviendas de protección pública y obras y servicios de la Comunidad de Madrid".
Antes de abandonar el Juzgado Central Número 6, Velasco acordó imputó a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, excepto Taboada, que es aforado ante el TSJM
Se da la circunstancia de que antes de abandonar el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Fueron imputados todos sus integrantes excepto Taboada. De esta forma, actualmente están siendo investigados por Púnica y la gestión de la empresa de suelo madrileña el ex jefe de gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz; el jefe de Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la Fundación Arpegio Francisco Esquivias.
Asimismo, están imputados en la Audiencia Nacional el administrador de la empresa análisis y gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; el director de Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno; la directora de la Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la abogada y ex secretaria de la mesa de contratación María Dolores Nogal González; así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.
La declaración de todos ellos fueron aplazadas recientemente 'sine die' y será el nuevo instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, el que deberá tomarles a todos ellos declaración. Será este juez también quién deba decidir si procede o no penalmente contra el 'número tres' de Cristina Cifuentes.
