El que fuera director de ADE Internacional Excal entre 2003 y 2006, Alberto Esgueva, ha reconocido haber obtenido de Iberdrola un total de 47,1 millones de euros al vender a ésta parte de sus acciones de distintos parques eólicos pero ha defendido la legalidad de la operación, y ello a pesar de que la misma tan sólo le reportó un coste de 24.000 euros.
Esgueva ha cerrado con su testimonio, como investigado, la agenda de interrogatorios prevista para este jueves por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Verónica Marcos, encargada de la denominada 'trama eólica' que depura presuntas 'mordidas' obtenidas por ex altos cargos de la Junta y empresarios entre 2000 y 2015 por la tramitación de parques eólicos.
Si la maratoniana jornada la abría a las 09.30 horas, en calidad de testigo, el ex jefe del Área de Eólicas del Ente Regional de la Energía (EREN), Tomás Ciria, que ha declarado por espacio de dos horas y cuarenta minutos, y luego, como investigado, el abogado Jesús Rodríguez Recio, presunto testaferro del ex vicensejero y ex secretario de Economía, Rafael Delgado, cuyo interrogatorio se ha prolongado a lo largo de tres horas largas, el broche lo ha puesto el referido Alberto Esgueva, a quien el Fiscal Anticorrupción coloca como uno de los que obtuvo más suculentos de la trama y cuyo interrogatorio, igualmente como investigado, ha concluido sorprendentemente en poco más de hora y media.
Durante su testimonio, fundamentalmente a preguntas del Fiscal Anticorrupción, Tomás Hernández, el ex director de Excal, tal y como a posteriori a revelado el letrado Emilio Martínez, de Ecologistas en Acción como acusación popular, habría venido a reconocer los más de 47 millones de euros que la empresa creada con su hermano Francisco obtuvo de Iberdrola, a través de sus filiales Biovent e Ibercyl, tras vender a esta última su parte de acciones en Energía Global Castellana, constituida al 60 y 40 por ciento, respectivamente.
"Milagro de los panes y los peces"
El millonario beneficio conseguido por los Esgueva tras 'obligar' a Iberdrola a asociarse con ellos para agilizar la tramitación de autorizaciones de distintos parques eólicos que hasta entonces se encontraban paralizadas tan sólo les supuso un coste de 24.000 euros, algo que para el letrado de la acusación popular, en tono irónica, denota que el entonces director de Excal "pertenece a esa especie de inteligencias empresariales que deberían de existir más aún en este país para sacarle de la crisis y se asemeja más al milagro de los panes y los peces".
En este sentido, el letrado de EA, enmarca en negocio de los Esgueva en el contexto de un mercado libre en el que alguien decidía que las grandes eléctricas, promotoras de los parques eólicos, debían dar entrada en su accionariado a empresarios locales.
"Es la clave, porque cuando uno tiene el poder político de imponer unos empresarios determinados como accionistas, tengo posibilidades de pedir contraprestaciones", apunta Emilio Martínez.
Por ello, el acusador popular ha expresado el interés de Ecologistas en Acción por llegar a conocer con qué criterios se imponían esos industriales y si la denominada 'trama eólica' se ha extendido a más empresas en Castilla y León, "no por un afán justiciero sino porque cuando uno paga 47 millones de euros a un señor que no aporta ningún valor añadido, la sospecha es que ello puede acabar repercutiendo en el precio de la luz, con independencia de que se trate de un negocio turbio más del Made in Spain".
El aludido, Alberto Esgueva, a través de su abogado defensor, Fernando Cantalapiedra, ha expresado su malestar por el hecho de que en su momento la Agencia Estatal Tributaria entendiera que la operación con Iberdrola era del todo lícita y le exigió el pago de más de 20 millones en concepto de IVA por considerarla una prestación de servicios y ahora, sin embargo, la misma AEAT considera que fue ilícita y pretende sentarle en el banquillo.
"¡O lo uno o lo otro, pero las dos cosas a la vez no! No se le puede seguir embargando por aquella operación y luego se le quiera sentar aquí", ha denunciado su defensor, quien por ello ha anunciado que la próxima semana su patrocinado presentara un escrito justificando la "trazabilidad" del dinero obtenido.
Pero además, su defensa enmarca tales beneficios en los negocios de Esgueva "como uno de otros cientos que hay en Castilla y León que fueron los 'partners' locales imprescindibles para sacar adelante los parques eólicos en la Comunidad".
El representante legal de Esgueva también ha mantenido que éste "nunca ha sido funcionario, nunca ha formado parte de la Junta y no ha tenido ningún tipo de relación con Rafael Delgado, que era un miembro más del Consejo de Administración de Excal".
Un fiscal "muy benévolo" con ciria
Por su parte, el ex jefe del Área de Eólicas del Ente Regional de la Energía (EREN), Tomás Ciria, que ha abierto el turno de interrogatorios, ha relatado el proceso seguido respecto de la tramitación de las autorizaciones de los distintos parques y que, según el letrado de EA, pone de manifiesto que eran concedidos por el viceconsejero y el consejero de Economía, Rafael Delgado y Tomás Villanueva, respectivamente, "y una forma de hacer, posiblemente general, pero especialmente practicada en Castilla y León".
El acusador popular se refería así a la política del "saber lo que hay pero no querer decir nada y sólo en casos extremos poner algún reparo porque lo que se estaba haciendo constituía un abuso. Ha dado a entender que la tramitación de parques eólicos se convertía para él en algo insoportable".
Ante lo declarado por el testigo, el abogado de Ecologistas en Acción no ha ocultado su sorpresa por el hecho de que su testimonio haya sido en calidad de testigo y no de investigado. "El Fiscal Anticorrupción hay sido muy benévolo con él, porque podía estar aquí como investigado", ha sentenciado el acusador, en alusión a que "es el prototipo del que sabe lo que está haciendo, pone su firma y mira para otro lado".
Quien también ha comparecido ante la juez del caso ha sido el abogado Jesús Rodríguez Recio, presunto testaterro u 'hombre de paja' del ex viceconsejero Rafael Delgado y quien, supuestamente, manejaba el dinero de este último a través de distintas empresas, una de ellas Nehmo Holding, e incluso, amparado en la amistad desde la infancia, pagó numerosas facturas del ex viceconsejero.
"Su declaración abunda en la idea de que es un hombre de paja pues mantener que una empresa suya pagó 600.000 euros a Rafael Delgado cuando éste salió de la Junta, un préstamo no documentado y que no se sabe cuándo se va a devolver, demuestra en un mil por mil de los casos que estaba devolviendo un dinero que no era suyo", resume Emilio Martínez.
