España

La Guardia Civil no volverá hasta 2016 al cuartel de Legutiano, destruido por ETA hace cinco años

El anterior Ejecutivo socialista prometió tras el Consejo de Ministros del 16 de septiembre de 2011 que las obras estarían finalizadas antes de diciembre de 2012. El Gobierno de Rajoy achaca ahora el retraso a “trámites burocráticos” tras la negativa del Ayuntamiento, regido por Bildu, a conceder la licencia urbanística.

  • Estado en que quedó la Casa Cuartel de Legutiano (Álava) justo tras el atentado de ETA en mayo de 2008.

Demora y más demora, con gobiernos de distinto signo político. El cuartel de la Guardia Civil de Legutiano, en Álava, sigue a día de hoy en ruinas, tras ser destruido en el atentado que la banda terrorista ETA perpetró en la madrugada del 14 de mayo de 2008 contra estas instalaciones, donde fue asesinado el agente Juan Manuel Piñuel Villalón (de 41 años) y otros cuatro compañeros resultaron heridos (dos hombres y dos mujeres entre 35 y 41 años). Cerca de 40 personas, entre ellas, mujeres y niños, se vieron entonces obligados a abandonar sus vivienda dentro de la casa cuartel (fueron realojadas en Sansomedi, en Vitoria y en la base militar de Araca) después de estallar la furgoneta bomba, cargada con un potente artefacto de 300 kilos de explosivo.

Según consta en una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a UPyD, “el proyecto de ejecución de las obras fue supervisado favorablemente por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior con fecha 26 de octubre de 2012"

Si bien la última previsión para finalizar la reconstrucción, que se estimó en 4,5 millones de euros, apuntaba a antes del pasado enero, ésta no sólo no se ha cumplido, sino que se quedó bastante corta, pues los trabajos no concluirán hasta dentro de otros dos años y medio. Según consta en una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a UPyD, “el proyecto de ejecución de las obras fue supervisado favorablemente por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior con fecha 26 de octubre de 2012, estando, al día de la fecha, prevista su finalización para la anualidad 2016”. En dicha contestación a la formación magenta de Rosa Díez, el Ejecutivo de Mariano Rajoy achaca el retraso a que “a 31 de diciembre de 2012 no estaban finalizados los trámites burocráticos necesarios para la construcción”. El Gobierno popular desestimó en marzo de 2012 un requerimiento del Consistorio de Legutiano, en manos de Bildu, para que no se iniciaran los trabajos por no adapartes, a su juicio, a la normativa municipal.

Los destrozos causados en el edificio fueron de tal envergadura (“la parte central de la Casa Cuartel cayó en pleno”, relataron fuentes de la investigación citadas por Ep) que se ordenó un procedimiento de urgencia para la demolición del edificio. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó dos meses después la concesión de 200.000 euros para llevar a cabo esas tareas de emergencia de desescombro del inmueble y vallado de la finca del acuartelamiento. No fue hasta el 16 de septiembre de 2011, tres años después, cuando el Consejo de Ministros socialista dio el visto bueno a la reconstrucción en el mismo emplazamiento (se había especulado con un cambio de ubicación por razones de seguridad) y se comprometió a que las obras estarían terminadas antes del 31 de diciembre de 2012.

"Interés público" para los socialistas

El entonces portavoz del Ejecutivo, José Blanco, afirmó que la recuperación de la Casa Cuartel respondía a un “excepcional interés público” porque dichas instalaciones “son imprescindibles» para que la Guardia Civil “pueda desempeñar eficazmente su trabajo en la zona”.

Con anterioridad, en octubre de 2010 el Ayuntamiento de Legutiano, regido ese momento por Eusko Alkartasuna (EA) –una de las siglas que luego daría lugar a la coalición separatista Bildu–, denegó la licencia de obras basándose en que no se ajustaba a la normativa urbanística municipal (estrategia que luego repetiría el alcalde bildutarra Jon Leza). Fue entonces cuando el Gobierno de Zapatero, en septiembre de 2011, ordenó que se modificara el planteamiento urbanístico vigente en lo relativo a la superficie, tal y como establece la disposición adicional décima de la Ley del Suelo. 

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