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La Eurocámara se desmarca de la 'misión a Doñana': "Esto lo monta el Grupo Socialista"

La Eurocámara se desmarca de la 'misión a Doñana': "Esto lo monta el Grupo Socialista"

  • Juanma Moreno, en una visita al Parlamento Europeo. -

El choque institucional entre los palacios de Moncloa y San Telmo por Doñana no va a trascender a Bruselas, a pesar de los intentos del PSOE. Ayer, la presidenta del Grupo Socialista Europeo, la española Iratxe García, anunció que comisión de eurodiputados se desplazará al Parque Nacional para evaluar la "sobreexplotación" de aguas subterráneas. Desde el Parlamento Europeo, sin embargo, marcan distancias con la iniciativa: "Esto lo monta el Grupo Socialista".

Así lo confirman a Vozpópuli miembros relevantes de otros grupos parlamentarios de la Eurocámara, totalmente ajenos a esta 'misión' organizada por el PSOE en Bruselas. Desde el PP Europeo, de hecho, se muestran contundentes contra la creación de esta comisión de eurodiputados: "Es solo del Grupo Socialista para hacer ruido y hacerse la foto. El Parlamento Europeo no pinta nada en ese entierro, ya sea el de Doñana o el de los agricultores".

Desde la propia institución, de hecho, confirman esta afirmación. Las fuentes consultadas explican que "esto es una cosa del Grupo Socialista", que "no ha contado con la presidencia del Parlamento, ni con ningún alto representante de la institución para ello".

Sin 'condena europea'

Desde el PP Europeo señalan, además, que la 'advertencia' de la Comisión Europea a la Junta de Andalucía no va a tener ningún tipo de recorrido. Cabe recordar, en este sentido, que el órgano de gobierno comunitario se ha pronunciado sobre esta polémica a través del portavoz de medio ambiente del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, que se ha remitido a la normativa actual: "La legislación medioambiental de la UE requiere un uso sostenible de los recursos naturales, y eso incluye en particular el agua, y las actividades económicas deben ser compatibles con la conservación se los espacios Natura 2000".

McPhie, eso sí, ha afirmado que la Comisión tiene "si es necesario, la posibilidad de adoptar medidas adicionales para garantizar que España cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia (TJUE) sobre Doñana".

Sobre esto último, los populares europeos confirman que, de producirse cualquier tipo de incumplimiento, "la Comisión puede llevar a España al Tribunal".

En todo caso, añaden, "el tiempo que éste tarde en sentenciar, Doñana o los agricultores ya no existirán", por lo que "da igual que lo haga a favor o en contra". En otras palabras, concluyen desde el PPP Europeo, "esto es pura campaña electoral" por parte del PSOE.

Ribera también extrajo agua

Desde la Junta de Andalucía, por su parte, recuerdan que hace un año fue el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, quien extrajo agua subterránea de Doñana. Una decisión que fue avalada por Moncloa y en ningún momento cuestionada por la UE.

En concreto, en febrero de 2022 el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera concedió un total de 13 autorizaciones para la extracción de aguas subterráneas en Doñana atendiendo una petición de la Junta de Andalucía de 2007, gobernada entonces por el PSOE.

Apenas cinco meses después, en el Boletín Oficial de Huelva de julio de 2022 aparecen numerosas autorizaciones de extracción de aguas subterráneas en Doñana.

Por otra parte, y dos años antes de esta decisión por parte del Ministerio de Ribera, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trasladó a la Comunidad de Regantes El Condado (Huelva) y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, como titular de la finca "Matalagrana" (Huelva), el ofrecimiento de condiciones para otorgar los derechos de aguas subterráneas de ambas entidades. Una oferta con una vigencia de 20 años para el riego de estas explotaciones agrícolas.

Desde el gobierno de Juanma Moreno recuerdan, además, que el pasado mes de diciembre el secretario de Estado se comprometió a reunirse con el consejero de Sostenibilidad de Andalucía para abordar este asunto, pero desde entonces no ha habido ninguna convocatoria por parte del Ejecutivo central.

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