La nómina de afectados por el comisario Villarejo amenaza con seguir creciendo más de tres años después de la operación que acabó con el polémico mando en la cárcel. El último en presentarse como víctima de sus actividades es Xavier Vinyals Capdepon, excónsul honorífico afincado en Cataluña que fue cesado por el Gobierno por su afinidad con la causa independentista. También es el presidente de la Plataforma ProSelecciones Deportivas Catalanas.
Entre otras acciones inundó de banderas independentistas el estado Camp Nou en 2015 durante un partido de Copa de Europa del Futbol Club Barcelona. Con aquella acción pretendían protestar contra dos sanciones económicas de la UEFA al club azulgrana por la presencia de banderas esteladas entre la afición. Lo hizo con el apoyo de las entidades ANC y Òmnium, esta última presidida entonces por Quim Torra. “Pediremos a los no independentistas exhibir la bandera 'estelada' por los ciudadanos de nuestro país y su libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa junto al actual presidente de la Generalitat.
Según un escrito remitido el martes a la Audiencia Nacional, pide personarse en la causa contra el policía al haber sido objetivo de uno de sus trabajos. En concreto, afirma que uno de los policías próximos a Villarejo, que también está investigado en el caso, realizó un informe sobre él con la intención de desprestigiarle. El encargo lo habría realizado, según su versión, un empresario al que se había enfrentado varias veces en los tribunales.
Arropado por el independentismo
Vinyals era el cónsul de Letonia afincado en Barcelona hasta que en 2016 el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirigía José Manuel García Margallo le retiró la acreditación. Se produjo después de que el diario ABC publicase que había exhibido una estelada (la bandera independentista) en la fachada del consulado coincidiendo con la Diada en Cataluña. A pesar de que el citado diario publicó la imagen con la enseña en el edificio, él negó los hechos, si bien dejó claro que nunca ha escondido sus convicciones.
Mai no he posat una estelada al Consolat de la República de Letònia. Tampoc no he amagat mai les meves conviccions
— Xavier Vinyals (@XavierVinyals) September 17, 2016
El independentismo oficial salió en su apoyo públicamente. Entre otros, le defendió el entonces conseller de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, ahora en prisión por sedición. “El Estado quiere vetar a todo aquel que no piensa como él, pero no podrá vetar la voluntad democrática de un país”, dijo en su cuenta de Twitter el dirigente de ERC.
La Generalitat presume en su web de ser la tercera ciudad del mundo con más representación consular sin ser la capital de un país. El Gobierno ya ha tenido conflictos especialmente con los cónsules honorarios, personas que no son diplomáticos de carrera, pero que cuentan con el visto bueno de los países que les nombran para que les representen. Vinyals recurrió sin éxito su cese ante el Tribunal Supremo, que archivó el caso al entender que su acta de cónsul es competencia del Ejecutivo.
Tres informes secretos sobre Cataluña
Ahora Vinyals pide ejercer la acusación particular contra Villarejo al ver su nombre en las informaciones que circulan sobre la investigación. El juez del caso Manuel García Castellón protege bajo "secreto oficial" tres informes que tenía Villarejo sobre Cataluña. La Policía alertó al instructor de que documentos sobre Artur Mas, sobre la financiación de Unió Democràtica de Catalunya y sobre el cónsul de Letonia en Cataluña "podrían contener información legalmente clasificada”, según un auto del juez fechado en abril al que ha tuvo acceso este periódico.
En concreto, el que afecta a Xavier Vinyals es el documento denominado R04.02.31-Indicio 61. Consta de tres páginas. Según explica el aludido en su escrito remitido al juez, esto trae causa de sus años de enfrentamiento en los tribunales contra un empresario que fue condenado en 2016 a un año de cárcel por un delito alteración de precios en subasta pública. También le acusó en otro procedimiento en el que acabó condenado a cinco años y medio por apropiación indebida. El recurso contra esta condena está próximo a resolverse en el Tribunal Supremo.
Según Vinyals, ese empresario “encargó la elaboración de un informe de investigación a los efectos de poder descubrir algún dato” sobre él o sobre su padre. Este excónsul dice no tener dudas que ese informe de tres páginas que se le incautó a Villarejo es el que encargó el empresario. Asegura que “pagó alrededor de 15.000 euros” a la sociedad de un policía en segunda actividad imputado en la causa por su relación con las actividades de Villarejo.
“El informe tenía como fin buscar información comprometida” y “presionar para que se retirara la querella que daría origen al segundo de los procedimientos antes aludidos”, indica el escrito presentado. Denuncia además que se debieron incluir datos privados que solo son accesibles a partir de bases de datos oficiales y confidenciales. Añade que esas conclusiones fueron remitidas de forma anónima a la UDEF, la unidad encargada de investigar delitos económicos de la Policía, y han terminado provocando la apertura de una causa contra él en un Juzgado de Barcelona. Por ello pide personarse en el caso Villarejo como perjudicado.
