La Audiencia Nacional abre nuevas vías de actuación contra el exembajador de Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado que investiga a Raúl Morodo y a su familia por el presunto cobro de comisiones millonarias de PDVSA, ha remitido a los juzgados de Madrid la parte de la causa que apunta a delito fiscal con el entramado societario del clan. Tanto el instructor del procedimiento como la Fiscalía Anticorrupción consideran que debe investigarse en unas diligencias separadas si la familia eludió sus obligaciones con el fisco con movimientos de dinero y ampliaciones de capital que han levantado las sospechas de la Agencia Tributaria.
De hecho, la Audiencia Nacional solicita la apertura de estas nuevas diligencias a tenor de un informe de Hacienda sobre una sociedad de la que es administradora Cristina Cañeque, mujer de Raúl Morodo. El Juzgado Central de Instrucción número 1 encargó el peritaje en aras a esclarecer si el patrimonio de la sociedad M.S Trading España S.L guardaba algún tipo de relación con los fondos obtenidos de la principal petrolera venezolana. La perito concluyó en su trabajo que no podía establecer este vínculo, pero alertó de "graves irregularidades contables" con las que habrían ocultado parte de su patrimonio.
Por ese motivo tanto el magistrado Alejandro Abascal como la Fiscalía Anticorrupción consideran que se debe indagar en esta línea, máxime teniendo en cuenta que se trata de cuantiosas rentas no declaradas. Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que esta parte se ha remitido a los juzgados ordinarios ya que en la Audiencia Nacional solo se investiga lo relativo al presunto cobro de 4,5 millones de euros en comisiones irregulares de PDVSA. El objetivo es indagar si la mujer del exembajador en Venezuela empleó esta sociedad como vehículo de evasión fiscal.
Alquileres simulados
Al respecto Anticorrupción sospecha que puede existir delito contra la Hacienda Pública tanto de la propia sociedad como de Cañerque debido al volumen de fondos no declarados desde el ejercicio 2016. El Ministerio Público se ampara en la pericial de Hacienda, entregada al juzgado a finales del mes de enero y en la que se alerta que Trading España S.L -firma dedicada a la tenencia de inmuebles- se utilizó como vehículo para evadir los pagos al fisco mediante diferentes vías, siendo la principal las ampliaciones de capital mínimas con primas de asunción millonarias.
La perito judicial analiza la sociedad de Cañeque, que integra el entramado de mercantiles que comparte con sus cinco hermanos. Según indica, esta sociedad se constituyó en 1987 con un capital social de un millón de pesetas. En la actualidad figura como propietaria de un inmueble donde reside su hijo Alejo Morodo (también imputado en la causa) y las sociedades Aequitas Abogados, Furnival Barristers y Morodo Abogados. Se trata de firmas que ya están bajo la lupa de Anticorrupción ante la sospecha de que el hijo del exembajador de Zapatero en Venezuela las pudo utilizar como empresas pantalla para canalizar los pagos irregulares de Venezuela.
Las anomalías contables son tan relevantes que distorsionan toda la realidad de la firma. Y esta forma de actuar es habitual de la sociedad y de los miembros de la trama familiar
Hacienda apunta ahora que todas estas firmas deducen gastos por un supuesto alquiler sin contrato de Trading aunque han comprobado que el domicilio al que van adscritas es en realidad la casa particular de Alejo Morodo. "Además de la falsedad, irregularidades y anomalías contables y de todo tipo observadas en la sociedad M.S Trading, resulta que ésta actúa como arrendadora de inmuebles que no figuran en su contabilidad ni consta a su nombre", expone el informe. Un ejemplo de ello son los 900 euros que percibe por el alquiler de un inmueble para la sociedad Gerber Marine.
Vínculos con PDVSA
Según apunta Hacienda, la realidad es que este domicilio lo alquila la propia firma por 4.000 euros y lo realquila a Gerber por 900, con la consiguiente pérdida de dinero de 3.100 euros al mes. Además desvela que se trata, en realidad, del domicilio personal de una de las hijas del exembajador español en Venezuela. El fisco pone el foco en este apartado concreto porque, además, la firma que realquila la casa pertenece al marido de su hija. Se trata de un empresario de Portugal del que la perito destaca especialmente por sus vínculos con uno de los directivos de PDVSA.
Según desvela, el marido de una de las hijas de Raúl Morodo constituyó una UTE que, pese a su escasa actividad, canalizó hasta 9 millones de euros procedentes de Colombia. La Agencia Tributaria no descarta que en realidad se trate de pagos camuflados desde PDVSA ya que en esas mismas fechas consta un correo remitido por el empresario a un directivo de la petrolera controlada por el Gobierno de Nicolás Maduro. "Estos pagos hacen que parezca claramente que las negociaciones dieron sus frutos y que los ingresos que recibe esta UTE sean procedentes de PDVSA", indica el informe, el cual constata además que la UTE no tiene una estructura como para generar esos ingresos.
Ampliaciones de capital
Gran parte del documento que firma la jefa de la Inspección se centra en las ampliaciones de capital de la firma desde el año 2001 hasta el 2018. En muchos de esos casos llama la atención que la cifra de ampliaciones de capital ya figura en los ejercicios previos a que se produjera dicha operación. Es el caso de la ampliación de 9,2 millones de euros que se produjo en 2005 y que ya figura en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio anterior. Otro ejemplo se da en 2008, cuando se habla ya de un capital de 13,5 millones de euros pese a que en las escrituras no aparece reflejada ninguna operación de ampliación.
Las anomalías relatadas hacen muy difícil el seguimiento del valor de los activos aportados y de las operaciones espurias que se realizan
En los años siguientes se mantienen estas presuntas irregularidades. Así, hasta 2015 se contabiliza una cifra de capital de 9,2 millones de euros, pese a que el escriturado pasa de los 10 millones, mientras que en 2016 la empresa ligada a Raúl Morodo contabiliza una disminución del valor de participaciones cuando se produce el efecto contrario. "Más allá de anómala, resulta también fraudulenta, por no responder en absoluto a la realidad", reza la perito, la cual detecta también "graves irregularidades" en los siguientes ejercicios hasta 2018.
"Como se ha comprobado, las anomalías contables son constantes, muy graves y tan relevantes que distorsionan toda la realidad de la sociedad, impidiendo conocer datos tan básicos e importantes como son la cifra de capital social de la entidad o cual es el importe de su pasivo, llegando a hacer que el Registrador Mercantil llegue a inscribir una ampliación de capital por falta de coincidencia con los datos", sostiene la perito que añade que se trata de ingresos no declarados en estos ejercicios que deberán ser regularizados ante la sospecha de que darán pide a un expediente por delito fiscal.
Hacienda recuerda al respecto que será objeto de otro informe el acotar las cantidades presuntamente defraudadas ya que este trabajo lo encargó la Audiencia Nacional exclusivamente para analizar los vínculos del clan Morodo con la principal empresa pública de Venezuela. Los investigadores, que sospechan que el exembajador de Zapatero se benefició de sus vínculos con el Gobierno de Hugo Chávez, están ultimando las pesquisas que se dirigen contra el diplomático, su familia y una serie de empresarios cercanos a la familia a los que se les investiga por delitos de corrupción vinculados con el saqueo de Petróleos de Venezuela.
