El jefe inspector de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, ha rechazado la pretensión de la periodista María Montero Clemente de ampliar, y por tanto reabrir, la denuncia que presentó en febrero contra el fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos integrantes del equipo de anticorrupción encargado del caso Villarejo. Esta particular acusa al funcionario público de haber cometido un delito de revelación de secretos por filtrar datos a Podemos; pero también de mantener, en contra de lo que establece el Estatuto de la Fiscalía, "una amistad íntima" con una de las abogadas que ejerce la acusación popular en representación de Podemos, según consta en un decreto de 3 de agosto pasado.
"Los 23 folios del poco ordenado escrito de ampliación del recurso insisten en que se investigue sobre la relación íntima de la abogada con el fiscal, repite en parte la misma información periodística que aporta, que ya exponía el recurso de reposición, y emite algunos alegatos nuevos sobre la relación abogado/fiscal", destaca el fiscal Cartagena, que subraya que esta nueva petición se ha presentado fuera del plazo previsto por la ley.
La relación entre este funcionario público y la letrada de la acusación popular podría tener efectos indirectos en el caso Villarejo, ya que si se pudiera comprobar que había una amistad íntima entre ambos, Ignacio Stampa debería haberse apartado del caso. De lo contrario, en virtud del Estatuto de la Fiscalía, sería objeto de una falta disciplinaria muy grave.
Causas en Canarias
El fiscal Cartagena también se opone a otras pretensiones de la denunciante, que reclama nuevas "prácticas periciales, intervenciones telefónicas y otros medios de prueba, la mayoría en relación con la investigación sobre la supuesta revelación de secretos [...]. Igualmente se refieren actuaciones penales en Canarias o en otros procedimientos que no son objeto del expediente gubernativo, indicando María Montero que no mantiene relación alguna con los denunciados" en las otras causas, completa el documento.
Sin embargo en el expediente gubernativo, el fiscal jefe de la Inspección reitera que, tal y como ya indicó en un decreto de 13 de julio, no está de acuerdo con la periodista, que denuncia unos hechos que "no dejan de ser conjeturas y meros pareceres u opiniones sobre la falta de imparcialidad del representante del Ministerio Fiscal por la relación íntima que se predica".
En concreto, María Montero basa su convicción de que el fiscal Stampa mantenía una "relación íntima" con la abogada de Podemos en virtud de un artículo periodístico en el que se daba cuenta de un burofax que envió el 17 de octubre de 2018 el abogado José Manuel Calvente al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en el que se aludía a este presunto vínculo.
"Una bocazas"
Por el contrario, los mensajes publicados por Vozpópuli ponen de manifiesto que Marta Flor Núñez reconoció haber exagerado sus vínculos con Ignacio Stampa. Y precisamente el fiscal jefe de la Inspección, Fausto Cartagena, alude a los mensajes publicados por esta redacción: "En los medios de comunicación se ha reflejado también que la abogada ha negado la existencia de tal relación, con la expresiva frase de haber sido una bocazas al explicar una situación de forma exagerada y confusa dando lugar a equívocos e imágenes que no se corresponden con la realidad", completa Cartagena en uno de los decretos incluidos en el expediente sobre la actuación de Stampa.
En cuanto al delito de revelación de secretos, el fiscal explica que la Inspección "carece de cualquier competencia en materia de investigación penal" por lo que se remite a la investigación que sobre la supuesta filtración de Stampa a Podemos lleva a cabo la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
En los medios de comunicación se ha reflejado también que la abogada ha negado la existencia de tal relación, con la expresiva frase de haber sido una bocazas al explicar una situación de forma exagerada"
Precisamente este lunes el juez que investiga el caso Villarejo en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como testigo al ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente, en la pieza separada denominada Dina, en la que se investiga el presunto robo del teléfono móvil de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham.
En un mensaje de Twitter de la semana pasada Calvente escribió, de forma literal: "Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan", especificó en la red social.
Denuncia instrumentalizada
La juez de Madrid Rosa María Freire acordó archivar la denuncia por acoso sexual que había interpuesto contra él su antigua compañera en el Equipo Legal de Podemos Marta Flor Núñez. Según la magistrada, la negativa de Calvente a hacer caso a Núñez, que había propuesto filtrar a los fiscales del caso Villarejo el expediente judicial de la denuncia contra OKDiario de Dina Bousselham, estuvo en el origen del enfado entre ambos, y de la querella por acoso sexual de Núñez contra su excompañero, que fue expulsado del partido.
Además, Freire apuntó en su auto la posibilidad de que Podemos hubiera instrumentalizado la denuncia por acoso sexual de Marta Flor Núñez contra José Manuel Calvente para así poder despedir de forma fulminante a este abogado de la formación morada.
