El juez del 'caso Villarejo' toma este miércoles declaración al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín y al expresidente del la empresa Persán José Moya en relación al encargo que supuestamente hizo este último en 2011 al excomisario Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martín-Fadesa.
Se trata de las primeras diligencias que realiza el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en esta pieza, la número 25 del 'caso Tándem', tras levantar recientemente el secreto.
Además de a estos dos imputados, el juez también ha citado como investigada a Leticia Sánchez Mendoza y como testigo a Antonio Fernández López, un alto ejecutivo que fue consejero en Persán.
Esta pieza del caso se abrió el pasado 10 de enero y en ella se investigan presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos en relación al denominado Proyecto Saving, en cuya contratación habría supuestamente actuado como intermediario el exsenador.
Según lo investigado, el objetivo del encargo de Persán era el de mejorar la posición jurídica y negociadora de esta empresa en relación a un reconocimiento de deuda relacionado con Fernando Martín, exdueño de Martinsa-Fadesa.
Entre 375.000 euros y 1,2 millones
En la pieza figuran como imputados, Villarejo, su socio en Cenyt Rafael Redondo, el expresidente de Persán (como cliente contratante) y el exsenador socialista, al que llamaban Curro y al que se considera el intermediario entre el excomisario y Persán.
Se calcula que el precio del encargo pudo oscilar entre 375.000 euros y 1.200.000 euros
Se calcula que el precio del encargo pudo oscilar entre 375.000 euros y 1.200.000 euros, según informó 'El Mundo' al tener acceso al sumario.
El proyecto Saving tiene su origen en la llamada operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".
Encargo presuntamente ilegal
La opción de venta se ejercitó el 14 de mayo de 2010, pero en julio de 2008 Martinsa-Fadesa decretó suspensión de pagos y declaración voluntaria de concurso de acreedores.
Moya ejercitó entonces diversas acciones para reclamar el crédito sin éxito, y sospechó que podía deberse a "algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores", por lo que en 2011 decidió recurrir a los servicios del excomisario.
Un audio intervenido revela que el exsenador del PSOE pudo actuar "no solo como intermediario inicial", sino como asesor del encargo presuntamente ilegal
Un archivo de audio intervenido a Villarejo, denominado Saving-11.8.4, revela el papel que el exsenador del PSOE pudo actuar "no solamente como intermediario inicial" entre Persán y Villarejo, sino como asesor del encargo presuntamente ilegal.
El sumario también revela que fue el comisario Enrique García Castaño, El Gordo, quien recomendó al exsenador los servicios de José Manuel Villarejo. "El Gordo me dijo que con Curro a muerte", comentó el excomisario en uno de sus audios.
