Agentes sociales, económicos e institucionales de Canarias firmaron ayer lunes con excepción de Save the Children y Cruz Roja, que no mandaron representantes, una declaración formal a instancias del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), sobre el reparto de niños migrantes en el resto de España por saturación del mecanismo de protección que hay en las islas. Esta declaración es una medida de exponer a la Comisión Intersectorial de Infancia del miércoles 10 de julio en Tenerife que las islas tienen una única voz para reclamar la solidaridad del resto del Estado y de la CE. Los directivos de Save the Children y Cruz Roja han expresado al Gobierno de Canarias su apoyo a esa declaración pero nadie en su nombre ha firmado texto oficial alguno.
En total, 16 entidades del Tercer Sector vinculadas a la atención de los menores no acompañados han firmado un acuerdo para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería a excepción de Unicef y Unhcr que no firmaron por formar parte de la ONU, y Save the Children y Cruz Roja, que no lo hicieron al no estar presentes en la reunión los representantes legales de estas dos entidades, no obstante, "las cuatro entidades mostraron su respaldo total al documento", indicaron fuentes oficiales canarias.
El resto de entidades fueron Cruz Blanca, Nuevo Mundo, Nuevo Futuro, Quorum, SAMU, Coliseo, Asproinfa, Fepas, Siglo XXI, Accem, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Fundación Cepaim. Esta medida es una exposición de unidad canaria de cara a la reunión de la Comisión Intersectorial de Infancia de este miércoles 10 de julio en Tenerife y donde las autoridades canarias esperan un acuerdo sobre el reparto de hasta ahora 5.500 niños migrantes llegados a las islas en cayucos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este lunes que si la Comisión Intersectorial de Infancia no genera un acuerdo Canarias tendrá una situación "insostenible".
Antes de la reunión de las CCAA en Tenerife el Gobierno de Canarias ha activado un acuerdo de consenso para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores; y reclamen el apoyo y su aprobación por parte del Gobierno central y la Cortes Generales.
Clavijo dijo este lunes tras la ceremonia de firma de un documento de exigencias generado en las islas que "Canarias solo tiene una voz en la gestión migratoria" y abogó por que "esa voz sea escuchada y atendida por el resto de CC.AA, por el Estado y por la Unión Europea".
Las cifras del acuerdo
La base de acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería acordado entre el Gobierno de Canarias y el Estado reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, en estos momentos Canarias, Ceuta y Melilla. En la situación actual supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 niños no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como, de los que lleguen siempre que se supere el cupo. En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150% de su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.
Por su parte, en Senegal, este lunes las ONGs de derechos humanos han alertado que Dakar debe aplicar de forma urgente medidas para ordenar la presencia de niños nacionales y migrantes extranjeros en sus calles. En un comunicado de prensa conjunto Acción por los Derechos Humanos y la Amistad (ADHA), el Movimiento por la Ética y la Transparencia (MET) y MIAMSI-Senegal han expresado "su profunda preocupación por el alcance de la mendicidad infantil en las calles de Dakar".
Las tres organizaciones destacan la alarmante situación en la que muchos niños, a menudo de origen extranjero, "duermen al aire libre y mendigan en la capital senegalesa". Estos últimos, particularmente vulnerables, están expuestos a múltiples peligros y viven en condiciones extremadamente precarias. Las ONG deununcian la inacción de las autoridades senegalesas del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como el gobierno senegalés. "El silencio de las estructuras estatales ante esta situación constituye una importante fuente de preocupación para las organizaciones", han denunciado.
Las ONGs ADHA, MET y MIAMSI han reclamado "la necesidad de una vigilancia fronteriza rigurosa y una colaboración reforzada con los países de origen de los niños afectados para encontrar soluciones duraderas", señala un comunicado. "Pedimos un esfuerzo colectivo para garantizar que todos los niños puedan crecer en condiciones de seguridad, libres de explotación y mendicidad", concluye el texto.
