Publicado: 08/07/2024 21:27
Actualizado: 08/07/2024 22:15
El juez Manuel García Castellón ha archivado la causa que abrió en 2019 contra Tsunami Democràtic tras tumbar la Audiencia Nacional la prórroga que acordó en julio de 2021. El magistrado ha dado carpetazo a las diligencias después de que la Sala de lo Penal invalidase todas aquellas acordadas en los últimos años, incluida la imputación de Carles Puigdemont, Marta Rovira y otra decena de personas.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que, ante la actuación de la Sala de lo Penal, las únicas alternativas que le quedaban era, bien continuar contra los imputados pero con las diligencias practicadas hasta mediados de 2021, o bien archivar. Al respecto alude a la "imposibilidad" de optar por la primera de las opciones contando como base únicamente lo investigado entre 2019 y 2021.
El magistrado explica que antes de esa fecha no pudo acordarse la declaración de ninguno de los investigados, lo que le impide continuar el trámite contra ellos de cara a un hipotético juicio. De esta forma, archiva de manera provisional estas diligencias, haciendo hincapié en que el material probatorio aportado por la Guardia Civil hasta el momento "apuntaba de manera inequívoca a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo".
"Las averiguaciones declaradas nulas por extemporáneas apuntaban de manera inequívoca a juicio de este instructor a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo" Auto del juez que investiga Tsunami Democràtic
Así pues, el magistrado que ha investigado a esta plataforma los últimos cinco años concluye que, con las pruebas obtenidas en el marco temporal válido, no puede proceder contra los imputados. Cabe recordar que el juez actuó contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y una decena de personas el pasado mes de noviembre tras incorporar el informe definitivo de la Guardia Civil sobre las actividades de Tsunami.
Informa al Tribunal Supremo
De hecho, en aquel momento remitió una exposición razonada contra el líder de Junts y también contra el diputado de ERC Rubén Wagensberg al tratarse de personas aforadas. El magistrado pidió que se abriera causa contra ellos al considerar que de las conversaciones analizadas y los documentos incautados se desprendía la implicación de ambos en el nacimiento y organización de algunas de sus actividades.
Ahora el juez explica que "a la vista del interés" del auto que ha dictado al Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pone dicha resolución y la suya propia en conocimiento del Tribunal Supremo. De esta forma, la instructora de la causa contra Puigdemont, Susana Polo, tendrá que aplicar el criterio del juez y dar carpetazo también a las diligencias abiertas en el alto tribunal.
La decisión de la Sala, que ha estimado el recurso de la imputada Marta Molina al considerar que la prórroga de julio de 2021 fue extemporánea, se ha conocido en un momento especialmente delicado para el procedimiento.
El pasado viernes, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional dieron los primeros pasos para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el encaje del terrorismo en la amnistía y en el derecho comunitario.
Mantiene los indicios de terrorismo contra Tsunami
Cabe recordar que la ley de amnistía incluyó en su redacción la aplicación de la medida de gracia para las imputaciones por terrorismo, en claro guiño al caso de Tsunami Democràtic. Sin embargo, la publicación en el BOE de la ley que impulsó el PSOE con ERC y Junts no tuvo efectos inmediatos en esta causa, ya que en estas semanas no se habían pronunciado y su objetivo era acudir primero al TJUE.
Estas diligencias arrancaron en el año 2019 y permanecieron gran parte de la instrucción bajo secreto de sumario hasta que el juez lo alzó el año pasado. En este tiempo -en el que la Fiscalía respaldaba la acusación por terrorismo- la Guardia Civil fue avanzando en las pesquisas hasta determinar que Tsunami Democràtic planificó e impulsó las acciones más duras de protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo del procés.
Entre ellas se encuentran los cortes de carretera de la AP-7 a la altura de la Jonquera o el asedio del aeropuerto de El Prat, siendo este último especialmente grave para el instructor.
Sin embargo, las diligencias más importantes de esta causa son las que se han acordado del pasado mes de noviembre a esta parte. La recepción del informe final de la Guardia Civil -en el que se señalaba muy especialmente el papel de Carles Puigdemont y también de la 'número dos' de ERC Marta Rovira- llevó al juez a imputarles por delito de terrorismo.
Los últimos 12 meses
García Castellón actuó contra una docena de personas, todas ellas identificadas en el informe del Instituto Armado, por su implicación en la creación de la plataforma radical y por la organización de sus actuaciones más violentas. Además, el juez fue acordando una batería de diligencias para esclarecer los hechos cometidos en el aeropuerto y también las respuestas policiales llevadas a cabo en aquel momento.
En paralelo, y teniendo en cuenta la condición de aforado de Carles Puigdemont, redactó una exposición razonada que remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el líder de Junts por delito de terrorismo. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se opuso a su admisión, pero todos los miembros de la Sala Segunda acordaron por unanimidad aceptarla.
Es más, los magistrados apelaron a su "rol de liderazgo" dentro de Tsunami dando luz verde a la investigación. Tras ello, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la actuación de García Castellón tanto en lo relativo a Puigdemont como en sus principales decisiones en la causa contra Tsunami.
No obstante, el pronunciamiento de la Sala de lo Penal ha asestado un duro revés al juez instructor puesto que anula todas las diligencias practicadas desde 2021; esto es, los informes policiales más relevantes y que estrechan el cerco a los líderes independentistas, además de sus imputaciones. Es por ello que el magistrado, apenas horas después de conocerse esta resolución, ha optado por archivar el procedimiento de Tsunami Democràtic.
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La plutocracia en su máxima expresión.
La justicia en España tiene demasiados errores, si no es por una cosa es por otra, pero siempre terminan archivadas las causas políticas, lo qué si sé, es que eso no se produce por casualidad, siempre hay un motivo ¿ de que vale el poder judicial, sino cumple aplicando las leyes, y no imparte justicia ¿ el resultado es que en España, nos han impuesto una democracia defectuosa, abocada al anarquismo, donde campa a sus anchas la delincuencia, el robo, el pillaje y el crimen, un país cada día más ingobernable, donde sus ciudadanos cada vez tienen menos libertad, rendidos y sometidos a una clase política, que cada día les empobrece más.
Valiente sinvergüenza. A ver si se jubila y deja de desprestigiar la toga.
Dónde ibas Friki por ahí fuera de plazo... Ridículo monumental
Un país de pandereta. No hay ni uno en quien confiar. Una estafa y tomadura de pelo permanente a la "ciudadanía (!?)" desde los Reyes Católicos hasta ahora. Y no pasa nada, y si pasa, se le saluda. Qué vergüenza
Una mala noticia...
Gil Robles fue un visionario. Antes, los políticos, tenían talla moral e intelectual.
Estamos tragando quina.