En el proyecto inicial del Ayuntamiento de Madrid para la Gran Vía en navidad, sólo el transporte público y los taxis podrían cruzar esta arteria principal de la capital durante los días marcados. El resto, sólo espacio para peatones. Sin embargo, los jueces tienen otra idea y han incluido también a los vehículos VTC (los de Cabify y Uber) y a los transportistas. El juez del juzgado contencioso número 30 de la capital, situado precisamente en la Gran Vía, ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la empresa de transporte UNO, tal y como se asegura en un auto desvelado por El Español.
Fuentes conocedoras del caso aseguran que el consistorio no tuvo en cuenta que el servicio postal es un derecho contenido en la Constitución, que por tanto no se puede suspender. Se creaba así una desventaja de los transportistas de paquetería respecto al propio servicio postal. En un recurso presentado el pasado lunes, el sector del transporte también reclamaba quedar exento de poder entrar por la zona, a lo que el juez ha accedido argumentando que "los operadores económicos y los propios residentes que tengan su domicilio en Gran Vía verán restringidos sus derechos para ser abastecidos de mercancías o de otros servicios logísticos y sin que ni siquiera puedan recibir en sus domicilios las compras que efectúen por internet u otro medio".
El magistrado, por tanto, permite la circulación de vehículos que presten servicios postales de recogida y entrega de paquetes, así como la distribución logística de toda clase de mercancías "con origen o destino en uno de los viales del área restringida".
De este modo, se han ido sumando colectivos exentos de la suspensión de tráfico decretada por el consistorio de Manuela Carmena el pasado 24 de noviembre. La semana pasada eran los servicios VTC los que conseguían el acceso también con un recurso que otro juez contencioso-administrativo resolvió con facilidad.
"El ayuntamiento está actuando con poca diligencia, parece que los funcionarios que llevan años en el servicio de transporte no se saben la propia normativa inherente al mismo", ha comentado a este diario una fuente jurídica bajo condición de anonimato.
