El ya jubilado teniente fiscal del Supremo José María Luzón Cuesta ha muerto en Madrid a los 85 años. Fue el fiscal que logró condenas para la cúpula de Interior del Gobierno socialista de Felipe González, con José Barrionuevo a la cabeza, por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL.
Luzón Cuesta, nacido en Jaén en 1935, es el padre de otro ilustre fiscal, el actual jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. En su perfil de Twitter, la Fiscalía General del Estado ha expresado sus condolencias lamentando "la pérdida"y trasladando "su sentido pésame a su familia, amistades y compañeros".
Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Murcia, ingresó en la carrera fiscal en 1960. En 1985 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo y, en 1994, promovido a fiscal jefe de la Sala de lo Penal. Fue el 3 de febrero de 2000 cuando juró como teniente fiscal del Alto Tribunal, cargo para el que fue reelegido el 11 de marzo de 2005.
En su trayectoria en el Tribunal Supremo, Luzón llevó la acusación en el caso Marey, por el que se investigó la primera acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el secuestro del ciudadano vasco-francés Segundo Marey, al que confundieron con un miembro de ETA.
Por esos hechos estuvieron acusadas doce personas: el que fuera ministro del Interior entre 1982 y 1988, José Barrionuevo; el exdirector de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el secretario de Estado para la Seguridad entre 1982 y 1994, Rafael Vera, el ex secretario general del Partido Socialista en Vizcaya Ricardo García Damborenea y el exjefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez.
También, el exjefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, y los expolicías José Amedo, Michel Domínguez, Julio Hierro, Francisco Sáinz Oceja, Juan Ramón Corujo y Luis Hens.
Para todos ellos, Luzón pidió un total de 178 años de cárcel por detención ilegal, pertenencia a banda armada y malversación de fondos públicos. La máxima pena solicitada fue de 23 años de cárcel para Barrionuevo y para Vera, aunque finalmente el tribunal les condenó a 10.
Dictada ya sentencia, se pronunció en contra de la concesión del indulto y precisó que, en el caso del ex ministro Barrionuevo, la Constitución establecía que no se concederá la medida de gracia a ningún miembro del Gobierno.
Luzón actuó también en el caso Liaño, por el que el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño fue condenado, en octubre de 1998, a 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Sogecable, pese a que durante el juicio Luzón pidió su absolución.
En 1999 solicitó que se rechazara la querella por delito de prevaricación presentada por el exsenador socialista José María Sala contra los tres magistrados del Alto Tribunal que le condenaron a tres años de prisión en el caso Filesa.
En febrero de 2002 se mostró partidario de proponer a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión por un periodo máximo de seis meses de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruíz Santamaría, alias El Negro, e insistió en su procesamiento.
Por entonces, concluyó también que no existían indicios para procesar al entonces ministro de Medio Ambiente y expresidente balear Jaume Matas, en relación con el caso Formentera.
En julio de 2005 alcanzó la jubilación y fue sustituido por Juan José Martínez Zato. Fue autor de numerosas publicaciones y perteneció a la Asociación de Fiscales.
