El Rey de España y el Príncipe Felipe "asumen" que su yerno Iñaki Urdangarín puede acabar en la cárcel. Según el diario 'El Mundo', una persona cercana a Don Juan Carlos califica textualmente a Urdangarín de "caso perdido". "Lo peor que le podría pasar a la Monarquía es que se buscase un apaño o una vía de escape para Urdangarín", sostienen desde La Moncloa, quienes creen que la imagen de la Casa Real se vería "terriblemente afectada".
El fiscal general del Estado ve imposible pedir menos de dos años (el límite para entrar en prisión) para Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, dada la gravedad de los delitos que se les imputa. De esta manera se rechazaría llegar a algún tipo de acuerdo con los abogados de Torres o de Urdangarín hasta que la instrucción del caso no finalice. Algo que no sucederá antes del verano, cuando concluya su trabajo el magistrado José Castro. Los abogados del Duque de Palma, Mario Pascual Vives y el de su exsocio Diego Torres, Manuel González Peeters, se dirigieron a la Fiscalía por separado para proponer la inculpación de sus clientes; a cambio de una condena menor a dos años, y la promesa de devolver el dinero supuestamente sustraído. Es lo que técnicamente se denomina acuerdo o sentencia de conformidad.
Tampoco parece factible que se llegue a un entendimiento una vez la instrucción de Castro finalice. La Fiscalía lo descarta, en declaraciones a 'El Mundo', y lo justifican en que las penas que prevé solicitar el fiscal del "Caso Nóos" excederían los dos años "aún contemplando los atenuantes". Se da la circunstancia de que tanto Urdangarín como Torres no ingresarían en prisión, si fueran sentenciados a dos años, ya que carecen de antecedentes penales.
Se les imputan cuatro delitos: malversación, prevaricación, fraude y falsedad
Al Duque de Palma y su antiguo socio se les imputan al menos cuatro delitos: malversación, prevaricación, fraude y falsedad. La malversación se castiga con penas de entre tres y séis años de cárcel; la prevaricación no lleva aparejado ingreso en prisión pero sí podría conducir a una inhabilitación para cargo público de siete a diez años; y la falsedad (se le atribuye a Urdangarín y Diego Torres la falsificación de facturas para engañar al fisco), podría costarles de seis meses a tres años de privación de libertad en el peor de los casos. Respecto al fraude a la Administración, el cuarto de los delitos que de momento se les imputan, representa pasar entre rejas de uno a tres años. Tampoco se pude descartar, que se les pueda acusar de blanqueo de capitales o delito fiscal.
La Moncloa destaca la conducta del Príncipe, quien "no ha hecho una insinuación desde que estalló el escándalo" y es partidiario de llegar hasta el fondo en la determinación de las responsabilidades. Algo en lo que coincide con el Gobierno. Sobre la posibilidad de un futuro indulto, las fuentes consultadas, admiten que "antes o después habrá que abordarla".
