Existe una delgada línea que separa las actividades económicas que puede desarrollar el personal al servicio de la Administración Pública de aquellas que no. Es la Ley de Incompatibilidades y en muchos casos, los políticos fuerzan sus supuestos legales hasta límites insospechados. En Islas Baleares, la polémica ha envuelto a su presidente autonómico y presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, desde que la oposición planteara la incompatibilidad de su cargo con la farmacia que posee en el municipio de Marratxí.
La oficina de farmacia de Bauzá, que abrió sus puertas en 1998, ha experimentado un notable aumento de recaudación en los últimos años, coincidiendo con la apertura en 2007 de una residencia de ancianos a una distancia de apenas 700 metros. La oposición acusa a Bauzá de haber elegido personalmente la ubicación del geriátrico Can Carbonell, ya que en aquella época el presidente balear ejercía como alcalde de la localidad mallorquín.
El diputado del PSOE Vicenç Thomàs también planteó en el Parlament balear la posibilidad de que la farmacia del presidente tuviera algún acuerdo de exclusividad con la residencia, por la cual enviara todas sus recetas a la misma. El Govern no aclaró este extremo, alegando que el sistema de salud no incorpora en sus archivos de facturación de medicamentos los datos del domicilio del paciente o su adscripción a un centro de salud o residencia.
En el mes de febrero, el Govern balear presentó en el Parlament los datos de facturación de la farmacia de Bauzá, después de que el grupo parlamentario socialista le forzara a ello. Si en el año 2005 Bauzá facturó al IB-Salut 350.254 euros en concepto de recetas de pensionistas, en 2008 (un año después de que Can Carbonell empezara a funcionar) esa cantidad ascendió a 503.848 euros y era de 753.832 euros en 2011. La media anual total de facturación de la oficina de farmacia supera los 950.000 euros, lo cual la sitúa entre las más rentables del archipiélago balear.
Un caso con precedentes similares
En el año 2002, el Partido Popular de Baleares interpuso una denuncia contra la entonces consejera de Salud Aina Salom (PSOE) por compatibilizar su cargo con la titularidad de una farmacia que suministraba medicamentos a una residencia pública cercana. Los populares consideraron que se trataba de un "escandaloso" caso de incompatibilidades, máxime cuando Salom era la principal responsable de las competencias sanitarias.
Durante los cuatro años que fue consejera, Salom designó a otra persona al frente del establecimiento farmacéutico que fue proveedor habitual del Llar de Ancians y que faturó un total de tres millones y medio de euros. Pese al respaldo del PSOE, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) acabó inhabilitando a Salom en la consejería durante un año en 2008.
No obstante, el PP pretendía que el TSJB anulara todos los actos dictados por Salom y que la socialista devolviera las cantidades facturadas a instituciones públicos, algo que no ocurrió.
Se vuelven las tornas: el PSOE denuncia
Mientras el PSOE defiende que ambos casos "son idénticos" y que Bauzá debe renunciar a una de las dos actividades (o la farmacia o la presidencia de Baleares), el propio Bauzá considera que son historias "sin nada en común" y el Partido Popular defiende su derecho a tener una farmacia "como cualquier otro ciudadano".
A pesar de que uno de los principales argumentos de los populares para justificar las diferencias entre las dos historias es el hecho de que Salom fuera consejera de Salud (y por tanto principal responsable del área farmacéutica), lo cierto es que existe un precedente más que podría arrojar algo de luz al caso. En mayo de 2012, el delegado de Gobierno en Extremadura, Alejandro Ramírez del Molino (PP), presentó su dimisión al frente del cargo por ser incompatible con la farmacia que posee en Badajoz.
Ante todos estos interrogantes, el PSOE ha interpuesto una denuncia contencioso-administrativa por presunta vulneración de la Ley de Incompatibilidades. Desde el Partido Popular niegan todas las acusaciones y las atribuyen a un intento de "manchar por manchar" la imagen de presidente Bauzá. "En su momento se tramitaron unos expedientes administrativos que resolvieron que Bauzá cumple escrupulosamente con la Ley de Incompatibilidades", explica Mabel Cabrer, diputada y portavoz del PP en el Parlament.
"Estamos ante un debate eminentemente técnico que deberá dirimir un juzgado. Bouzá se somete a la Ley con la máxima transparencia y honestidad, como ha hecho siempre", reitera y asegura que cada caso es particular, por lo que sólo cabe esperar a la resolución del TSJB. "Todo lo demás, sería prevaricación".
