Tras la guerra desatada por el feminismo histórico contra el Ministerio de Igualdad a cuenta de la Ley Trans y el borrado de las mujeres, las activistas más veteranas denuncian ahora lo que consideran un intento de Irene Montero de desalojarlas de organismos como el Observatorio contra la Violencia de Género o el Consejo de Participación de la Mujer, e incluso de las que son sus sedes desde hace décadas. “Quiere sustituirnos por otras organizaciones y feministas afines a Podemos”, sostienen diversas fuentes a Vozpópuli.

La primera señal de alarma les llegó tras el verano, durante una reunión de la directora del Instituto de la Mujer, Antonia Morillas, con varias de esas asociaciones: juristas Themis -que había alertado a la ministra de la rebaja de condena a cientos de violadores antes de que se aprobara la Ley del solo sí es sí-, Federación de Mujeres Jóvenes -fundada en los primeros años 80 por la exnúmero dos del PSOE Elena Valenciano-, Asociación de Madres Solteras, Fórum de Política Feminista o Comisión de Investigación de malos tratos; todas ellas históricamente muy vinculadas al PSOE y a los sucesivos gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante esa reunión, Morillas les anunció por sorpresa que tendrán que desalojar en breve los locales que Patrimonio Nacional puso a disposición del colectivo hace décadas -“algunos en tiempo de los gobiernos de UCD al inicio de la Transición, allá por finales de los años 70”, señala una fuente- porque el Ministerio de Igualdad va a proceder a efectuar un nuevo reparto teniendo en cuenta a las ONG de nueva creación.

Las asociaciones históricas se niegan a desalojar sus sedes y emplazan a Igualdad a negociar con Patrimonio Nacional la cesión a las nuevas ONG afines a Podemos de alguna de las ”decenas de oficinas, locales vacíos e inmuebles que tiene por toda España”

Feministas históricas presentes en esa reunión, como Ángeles Álvarez, ex diputada socialista y expresidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, se negaron a desalojar los locales y emplazaron a la directora del Instituto de la Mujer a que hablara con Patrimonio Nacional, “que tiene decenas de oficinas, pisos y locales vacíos por toda España”, insisten, para que los ceda en usufructo a esas nuevas asociaciones.

Las espadas quedaron el alto hasta que, el pasado dos de enero, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dirigida por la magistrada Victoria Rosell, abrió un plazo que concluye el día 27 para renovar las seis vocalías del Observatorio contra la Violencia de Género con una novedad significativa: se elimina la experiencia de olas asociaciones como requisito, ya que podrán presentarse ONG con tan solo dos años de antigüedad.

Las asociaciones históricas sostienen que lo que pretenden Irene Montero y su equipo es diluir la contestación del feminismo tradicional a la teoría queer y la autodeterminación de género, ”que vulnera claramente derechos de las mujeres y la lucha histórica contra la desigualdad”, y apartarlas del reconocimiento institucional del que gozan hace décadas con gobiernos tanto del PSOE como del PP. ”Han anulado la experiencia y la antigüedad de las organizaciones como requisito para meter a los suyos”.

Unir violencias machista y trans

En concreto, lo que más teme de esa renovación el feminismo histórico es que, en virtud de la asunción de la autodeterminación de género por todo del gobierno PSOE-Unidas Podemos a través de la Ley Trans, el siguiente paso sea que el observatorio equipare la violencia machista con la violencia que sufren personas que han cambiado de sexo. ”Y no es lo mismo, nunca lo será”, recalcan; ni por número ni por consecuencias, porque, desde que el uno de enero de 2003 el Gobierno Zapatero promulgó la primera Ley contra la Violencia de Género, van ya 1.186 mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas y exparejas.

A este respecto, las fuentes consultadas sospechan que Montero y Rosell pretenden dar una de las seis vocalías del Observatorio contra la Violencia de Género a la militante del movimiento trans Mar Cambrollé, como representante de la plataforma QUIERE-T, que aboga por equiparar ambas violencias:

La asunción por parte del PSOE de la teoría de autodeterminación de género contribuye a equiparar erróneamente ambas violencias, insisten estas asociaciones, y así se lo manifestaron este miércoles una docena de asociaciones a la secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández, con la cual se reunieron en Ferraz para estudiar medidas contra la oleada de asesinatos machistas en diciembre y enero.

Según las fuentes consultadas, también pusieron en su conocimiento las intenciones de Irene Montero y el Ministerio de Igualdad, de anularles como interlocutores institucionales en el futuro para dejar paso a organizaciones más afines a los postulados de Podemos, pero Fernández les dijo que en virtud del acuerdo de gobierno de coalición, eso es competencia de la ministra y ella no puede hacer nada.

De hecho, las fuentes consultadas critican que la secretaria de Igualdad socialista, a sabiendas del divorcio que ha supuesto la Ley Trans entre una parte del partido y su gobierno, se haya atrevido a decir en una entrevista con eldiario.es que ”este es un tema cerrado para el PSOE”. “Este tema no esta ni puede estar cerrado para el PSOE mientras haya una legislación que vulnera derechos de las mujeres y una lucha de décadas”, replica a Vozpópuli una veterana militante y ex dirigente socialista.

Y, en materia de violencia machista, las feministas históricas critican que el PSOE se esté plegando también a los deseos de Podemos: “de hecho, no nos ha convocado a ninguna de las organizaciones con las que viene trabajando desde hace treinta años a comparecer ante la Subcomisión de seguimiento del Pacto contra la violencia de género” tras la oleada de asesinatos en diciembre y enero… Y por qué? por la guerra de la Ley Trans, aseguran; “El Gobierno no puede citarnos ahora como expertas en violencia machista después de habernos ignorado -a nosotras y a la mayoría de los expertos científicos y juristas- por estar contra la autodeterminación de género reconocida en esa ley; así de simple y de penoso”.