La Fiscalía General del Estado ha dado comienzo al nuevo año judicial. En el acto que ha dado inicio a la actividad, se ha hablado del incremento de los menas en un 200%, de la proliferación de narcopisos, de la prostitución, de las euroórdenes, de la visión de los tribunales europeos sobre Cataluña, de la situación de los policías y jueces e, incluso, de la legislación de los patinetes.
En el acto han estado presentes el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado María José Segarra y el presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, la Fiscalía ha advertido del "incremento espectacular" en la llegada de menores extranjeros no acompañados en patera, un 199,61% respecto a 2017.
Además, han alertado del desbordamiento de las capacidades de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su adecuada atención.
El Ministerio Público, encargado de la protección de los menores, invita a una "seria reflexión" sobre el aumento de los menores extranjeros que viajan solos, que es de un 115 % respecto al año anterior, y que se eleva a casi el 200 por ciento los llegados a través del mar en embarcaciones precarias.
En concreto, durante 2018 han sido localizados 7.026 menas llegados a España por vía marítima, frente a los 2.345 de 2017. En el Registro de menores extranjeros no acompañados figuraban inscritos, a fecha de 31 de diciembre 2018, un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección (en 2017 eran 6.414). De ellos 12.825 son niños y 971 niñas.
Proliferación de los narcopisos
La Fiscalía también ha informado del "importante" aumento de actividades relacionadas con el tráfico de drogas al margen de las tradicionales como el fenómeno de los narcopisos y la proliferación de plantaciones de cannabis.
Respecto a los narcopisos destaca que se ubican sobre todo en Madrid y Barcelona, concretamente en el centro de la ciudad y en barrios con un tráfico muy intenso de drogas.
La Fiscalía también muestra su preocupación por el incremento y la extensión por toda España de asociaciones y clubes cannábicos y la problemática de tráfico de drogas de todo tipo a través de los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga y de diferentes puertos.
En cuanto a los procedimientos por tráfico de drogas destaca que han sufrido un repunte en 2018, al registrarse 17.348 diligencias previas, lo que supone un aumento del 5,55 por ciento respecto a 2017.
Castigar a los clientes de prostitución
Por otro lado, el Ministerio Público propone que se considere delito el consumo de prostitución y que se lleve a cabo la tipificación penal "de los que conscientemente se aprovechan de los servicios prestados por las víctimas de trata", es decir, de los clientes.
La Fiscalía advierte de que la trata de mujeres con fines de prostitución está "gravemente asentada" en España a pesar de que en diez años se ha logrado la formación de un importante grupo "muy cualificado de expertos policiales", una Fiscalía "altamente especializada" y un Consejo General del Poder Judicial "muy comprometido".
En su memoria del 2018, el Ministerio Público lamenta que el proxenetismo es una actividad "en constante e imparable expansión" que constituye un negocio "boyante" con unos beneficios diarios que superan los cinco millones de euros, la mayor parte en dinero negro.
Las euroórdenes, "deficientes"
Asimismo, la Fiscalía ha cargado contra el "deficiente" sistema de la euroórdenes, que tiene "debilidades" que urge reformar a la vista de las decisiones de los tribunales belgas y alemanes, los cuales se excedieron de sus competencias al entrar a valorar las OEDE de Carles Puigdemont y otros huidos del procés.
Esa es la conclusión que recoge la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2018, cuestionada por el Ministerio Público tras las euroórdenes denegadas por los jueces belgas y por la decisión del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein de extraditar a España a Puigdemont por malversación y no por rebelión.
Entiende la Fiscalía que se han realizado "tareas de valoración" sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a su juicio, "exceden abiertamente" las funciones encomendadas por la normativa de la OEDE a los jueces de los estados miembros.
Tribunales europeos sobre Cataluña
Además, han asegurado que tienen una "sensación agridulce" al contemplar las decisiones adoptadas con relación a Cataluña en determinados tribunales de otros países de la Unión Europea. Advierte de que la cooperación judicial internacional se basa en una confianza mutua que "puede quebrarse".
Si bien ha habido "sintonía" con los fiscales de otros países de la Unión Europea en el abordaje del proceso secesionista en Cataluña, "no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales", como ocurrió en la negativa a entregar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont adoptada tanto en Bélgica como en Alemania, dicen.
Normativa sobre testigos protegidos
La Fiscalía considera que debe reformarse en España la normativa sobre testigos protegidos, de forma que puedan ser considerados como tales los funcionarios amenazados dentro de un proceso penal, como les puede suceder a jueces, fiscales, policías o forenses.
Así, se ha podido constatar, entre otras "deficiencias", una "insuficiente regulación de las medidas de protección" de los testigos protegidos en España; que la normativa vigente no incluye la "previsión de medidas para los meros colaboradores de la Justicia"; y que la ley actual no contiene una "regulación de un necesario estatus de derechos y obligaciones del testigo protegido".
Legalidad de los patinetes en las ciudades
Por último, el Ministerio Público ha denunciado la situación de "alegalidad" con la que circulan muchos vehículos acogidos en el concepto de patinete, y que, según los datos recogidos en 2018, han provocado 273 accidentes.
Desde el órgano destacan que los usuarios de estos vehículos -comercializados como patinetes eléctricos o scooters eléctricos-, se mueven sin atender a la legislación nacional, ni a la europea, sobre requisitos técnicos de diseño, fabricación y comercialización, además de no contar con toda la certificación o documentación que se les exige.
