La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y del exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, por los delitos de malversación y prevaricación en relación a la gestión del Hospital Puerta de Hierro, en Madrid. La petición se formula en el marco de un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid por presuntas irregularidades en la construcción de este centro hospitalario, según adelanta el diario ABC y confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli.
El Ministerio Fiscal pretende que la exmandataria regional -también imputada en el caso Púnica- dé explicaciones en relación a la reducción de 135 camas de este hospital privatizado. Un movimiento que implicó un cambio en las condiciones del contrato y que habría generado un menoscabo a las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.
El objetivo del Ministerio Público es que explique por qué el Gobierno madrileño que entonces presidía modificó el contrato de concesión sin justificarlo, teniendo en cuenta que la resolución que recogía este cambio apuntaba que se trataba de una decisión proveniente de Presidencia. Además de Aguirre y de Güemes, el Ministerio Público solicita también la imputación de otros cargos del entonces ejecutivo regional.
Las pesquisas que se siguen en este juzgado de instrucción de Madrid arrancaron a tenor de una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal a finales de 2020. La misma se produjo tras dos años de investigación en Anticorrupción y se dirigió contra la exdirectora General de Planificacion Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, Elena de Mingo. En su querella inicial se apuntó a esta exalto cargo de la Consejería de Sanidad que dirigía Güemes, en su condición de responsable de la supervisión de este tipo de proyectos.
El contrato de concesión lo adjudicó la Consejería de Sanidad a la UTE formada por Bovis, Dragados y SUFI en marzo de 2005 y se dotó de un presupuesto de 222 millones de euros. La Fiscalía actuó contra De Mingo al considerar que, se produjo un menoscabo a las arcas públicas de 10 millones de euros teniendo en cuenta que la modificación en la que redujeron el número de camas implicaba reestablecer el equilibrio de pago con la empresa contratista, hecho que no se produjo.
