La Fiscalía Europea contra el Fraude ha anunciado el archivo del caso sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros, en el que participó Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El caso se ha convertido en una de las grandes polémicas para el Gobierno de la líder madrileña, y el archivo de la causa se convierte en un cierre "demoledor" a la polémica, según lo han calificado fuentes del Gobierno de Madrid.

El archivo de la causa en Europa se suma a los de la Fiscalía Anticorrupción, la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Contratación Administrativa, así como la intervención de la Comunidad de Madrid y las investigaciones de la Comisión de Control de las Contrataciones. Un punto y final "demoledor" a la causa contra Tomás Díaz Ayuso, plantean los populares madrileños, "contra todos los que vertieron insultos contra él y contra la presidenta".

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado ese miércoles contra el "linchamiento civil" que ha recibido su hermano, cuyo nombre ha sido "señalado y manchado". "Ha sido una actuación a la desesperada para intentar desprestigiar a un gobierno que lo único que hace es trabajar cada día por mejorar la Comunidad de Madrid", ha dicho la presidenta en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Collado Villalba.

"Pocos procedimientos han estado tan escudriñados como este, que el veredicto de las personas encargadas de fiscalizarlo coincide al unísono", ha subrayado Ayuso, que ha remarcado que la Fiscalía Europea es "demoledora frente a todos los que vertieron insultos contra él, mi familia, la honorabilidad de mi Gobierno y contra mí".

No hay indicios de delito

"Se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", informa la Fiscalía Europea contra el Fraude en un comunicado, en el que señala que la decisión se tomó con el acuerdo de la representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, que también fue la exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel.

"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", señala la Fiscalía Europea.

Investigación dividida entre España y Europa

La investigación, hasta el momento, se encontraba dividida entre dos autoridades. Lo concerniente al posible delito de malversación de fondos europeos quedó en manos de la Fiscalía Europa, mientras que Anticorrupción, que ya archivó al causa, de la parte que es competencia nacional.

Según explica la Fiscalía Europea en el comunicado, tras asumir la investigación del contrato adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) para la compra de 250.000 mascarillas FFP2-3, los Fiscales europeos tomaron diversas declaraciones, analizaron documentación y comprobaron la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas. También requirieron información a diversas entidades como la Agencia Tributaria, el SERMAS y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); recabaron informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que examinó la documentación.

La propuesta de los Fiscales Europeos Delegados de archivar este caso ha sido valorada y confirmada por tres Fiscales Europeos de diferentes Estados miembro, según ha informado el propio organismo europeo.

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