La Fiscalía Europea ha decidido abrir una investigación para ver si hubo prevaricación y malversación de fondos europeos en la compra por parte del Ministerio de Sanidad de 500.000 batas desechables a una empresa textil china al principio de la pandemia por un precio "que sería notoriamente superior al de mercado".
En el escrito, las fiscales europeas delegadas Laura Pellón y Olga Muñoz explican que esa compra se hizo a la empresa Weihai Textile Group Import & Export por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad el 27 de marzo de 2020.
El asunto ha sido reclamado por esta fiscalía después de que tuviera conocimiento por la Fiscalía Anticorrupción de que esa compra se realizó íntegramente con fondos europeos, fondos FEDER. Éste era uno de los contratos de emergencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez que el Grupo Parlamentario Popular de Madrid llevó a Anticorrupción en abril de 2022.
Ahora, las fiscales recuerdan que el objeto de la denuncia inicial y de la investigación "son las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato por un precio aparentemente muy superior al de mercado generando el pago de un presunto sobreprecio injustificado, cuya cuantía ha sido detalladamente identificada por el denunciante".
16,70 euros por bata
En el escrito de las fiscales, avanzado por ABC, se recuerda que las irregularidades denunciadas por el PP consistirían, por una parte, en la falta de comprobación de si la empresa tenía relación con el objeto del contrato --las batas-- y si tenía suficiente solvencia económica y, por otra parte, en la existencia de un sobrecoste al haberse pagado cada unidad a un precio de 18,50 dólares (16,7 euros) precio muy superior al pagado en las mismas fechas por el mismo producto y la misma entidad contratante a las empresas españolas Mediline International Iberia SL (0,3263 euros) y Suministros Hospitalarios SA (0,2783 euros).
Según el PP de Madrid, esto supuso pagar un sobrecoste de entre 52 y 60 veces en relación al precio de mercado. Sanidad destinó a la compra de esas batas la cantidad de 10,1 millones de euros, mientras que si le hubiera dado el contrato a alguna de las empresas españolas, el precio habría sido de entre 139.150 euros y 163.150 euros (IVA incluido). Por eso, explican las fiscales, "se denuncia expresamente la existencia de un sobrecoste de más de 10.000.000 euros (más de un 625%)".
Además, la Fiscalía Europea pone la lupa en la memoria justificativa de la contratación de emergencia para explicar que al precio de las batas se le sumó otra cantidad de 842.364,08 euros en concepto de "tasas, aranceles y otros 10%", por lo que el total pagado a la empresa china fue de más de 11 millones de euros. "No consta en la memoria justificación, aclaración o soporte documental alguno sobre este último importe no permitiendo, por tanto, determinar qué concretos servicios se incluían en ese pago", señalan las fiscales.
La ubicación de la empresa
Las fiscales indican, asimismo, que en el momento de la adjudicación del contrato se omitió cualquier circunstancia sobre la sociedad Weihai, incluso su domicilio, "reflejándose únicamente que estaría ubicada en España". Pero, resaltan que, "examinado el expediente digital enviado, resulta patente que la Administración conocía todos los datos identificativos de la sociedad al haber sido enviada por ésta la factura pro-forma (...) en la que se identificaba su domicilio en Shichang Road 16, Weihai City, Shandong, China".
Apuntan que ese domicilio no se publicó hasta el 4 de mayo de 2020 en el BOE, cuando se corrigió, y añaden que en esa fecha "no sólo ya se había formalizado el contrato, sino que ya habría sido pagado en su integridad el precio y, según factura, debía haberse ejecutado íntegramente el contrato (entregas de 100.000 batas a la semana desde el 2 de abril)".
Otro detalle del contrato que les llama la atención a las fiscales es que fue suscrito por la empresa y Sanidad el 30 de marzo de 2020 sin constar INGESA como órgano adjudicador a pesar de que en ese momento era el que materializaba y concluía el procedimiento de compra.
Competencia de la Fiscalía Europea
En su escrito, la Fiscalía Europea dedica un extenso punto de los fundamentos de derecho a explicar por qué considera que el asunto es de su competencia y no de Anticorrupción. Recuerda que en la 'Directiva PIF' europea el delito de malversación de fondos de la UE entra dentro de las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión.
Y sobre el posible delito de prevaricación, indica que si ambos están "indisociablemente vinculados", como considera que es el caso, la Fiscalía Europea puede ejercer su competencia siempre que la malversación está sancionado con mayor pena.
"En definitiva, siendo así que el delito de malversación lleva aparejada una pena notoriamente superior a la correspondiente al delito de prevaricación y que ambos están indisociablemente vinculados, la Fiscalía Europea es competente materialmente para conocer de la totalidad de los hechos y delitos investigados en las Diligencias de Investigación 13/2022", apunta.
