La Fiscalía Anticorrupción está decidida a pedir a la Audiencia Nacional la imputación como persona jurídica del BBVA en el caso Villarejo según confirman a este periódico fuentes jurídicas. En el marco de esta causa se investigan las relaciones entre la entidad que dirigía Francisco González y el polémico excomisario al que estuvieron pagando al menos desde 2005 hasta su arresto e ingreso en prisión en noviembre de 2017 por múltiples trabajos presuntamente irregulares.
Uno de ellos, tal y como avanzó Vozpópuli, consistió en hurgar en la vida privada y sentimental del exministro socialista Miguel Sebastián para usar esa información en contra del intento de Sacyr de hacerse con el banco en una operación apoyada por el entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La existencia de audios y documentos en poder de los investigadores arrojan otros trabajos de espionaje como el análisis de miles de llamadas entre empresarios, políticos y periodistas.
Las fuentes jurídicas consultadas precisan que en el Ministerio Público entiende que el banco debe ser imputado, si bien ese paso todavía no se ha dado. Otras fuentes del caso afirman que en la misa estrategia se encuentra la acusación popular que ejerce Podemos, también a favor de pedir la imputación de la entidad que ahora preside Carlos Torres.
En las últimas semanas, el juez del caso, Manuel García Castellón, ha citado como investigados a altos directivos de la entidad que en su mayoría se acogieron a su derecho a no declarar. Uno de ellos sí admitió que su Departamento contrató entre 2010 y 2013 por orden de sus superiores a la empresa de Villarejo para hacer informes patrimoniales sobre clientes morosos, entre otros objetivos.
También investigó la vida privada del presidente de Ausbanc, Luis Pineda. Entre los citados a declarar también estaba el exjefe se seguridad de la entidad, el expolicía Julio Corrochano, presunto nexo de unión entre el polémico excomisario y Francisco González.
Secreto de sumario de la causa
Previsiblemente, entre los planes del magistrado está alzar el secreto de sumario de la causa para que los implicados puedan estudiarla y a partir de ahí ser citados de nuevo. Los plazos por tanto se ven afectados por las vacaciones de verano y porque el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional atiende también estos días otras causas de envergadura como el caso Púnica.
El criterio del juez en los precedentes del caso Villarejo complican el futuro judicial del banco. Manuel García-Castellón ya acusó en junio por cohecho a la empresa Pérez y Cía, con la que los navieros Pérez-Maura contrataron al comisario José Manuel Villarejo para frustrar su extradición a Guatemala. Tanto en ese caso como en el del BBVA, la relación con las empresas de Villarejo se mantuvo hasta después de que el excomisario ingresara en prisión.
