La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto este jueves diligencias de investigación sobre la "acción coordinada" de los CDR en una veintena de edificios judiciales en Cataluña la madrugada del lunes, cuando esparcieron excrementos y basura en las sedes, en una protesta contra el sistema judicial.
El decreto de incoación de diligencias, recogido por Europa Press, constata que las acciones "resultaron idóneas para perturbar el normal desarrollo de las funciones públicas" en los edificios judiciales afectados, y que causaron la suspensión de las actividades en Valls (Tarragona) y Cervera (Lleida).
"Excrementos y defecciones"
Constata el fiscal que, en la madrugada del 4 de febrero, "por diferentes grupos de personas se vertieron en multitud de sedes judiciales de Cataluña grandes cantidades de excrementos y defecciones", acompañados de pintadas en carteles o en las paredes con mensajes como 'Mierda de Justicia' y 'La justicia española apesta a mierda fascista".
Por ello, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, pide al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, que le remita un oficio sobre las investigaciones realizadas por el cuerpo para identificar a los presuntos autores.
También pide al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que, a través de los jueces decanos de los edificios afectados, le informe de si, debido a los vertidos de excrementos, se produjo "una alteración apreciable en el normal desarrollo de las actividades judiciales previstas".
Consecuencias del ataque de los CDR
Del mismo modo, pide al secretario de Gobierno del TSJC que le comunique si a consecuencia del hedor causado por los vertidos de los CDR se produjeron ausencias de personal funcionario, y la duración, y a la consellera de Justicia, Ester Capella, que detalle los gastos de limpieza y reparación de las sedes afectadas por las acciones.
La decisión del fiscal superior llega el mismo día en que ha recibido la certificación del acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC en que se pedía que el Ministerio Fiscal actuara para depurar responsabilidades penales contra los que planearon, coordinaron y ejecutaron los ataques.
