La investigación abierta al fiscal Ignacio Stampa por presunta revelación de secretos no solo no se cerró en octubre de 2020, cuando lo solicitó por primera vez el instructor del caso, sino que cuatro meses después el decreto de archivo se modificó para restar conclusiones clave. Así consta en nuevos correos que obran en la causa que se abrió contra el exfiscal del caso Villarejo y que vendrían a probar que en los primeros días de febrero de 2021 se cambiaron dos veces las conclusiones de archivo, eliminando un total de 5 hojas sobre los argumentos del instructor para archivar el asunto.
De acuerdo con esta documental, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el primer decreto de archivo lo envió el entonces fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, al nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García. La mano derecha de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, recibió este primer decreto de archivo en un correo con fecha de 2 de febrero de 2021. Este mail se atisbaba como definitivo toda vez que la primera sugerencia de decretar estas diligencias se remitió en octubre del año anterior.
La misma se envió a las puertas del Consejo Fiscal del 27 de octubre de ese año en el que Stampa se jugaba su plaza en Anticorrupción y, por tanto, su continuidad como fiscal en el caso Villarejo. Pese a solicitarlo en dos ocasiones, no se archivaron las pesquisas ante las "sugerencias" de la mano derecha de Delgado, que propuso que se investigara más a fondo si los dos fiscales de esta macrocausa de corrupción revelaron secretos de la misma al partido Podemos. En noviembre se dio respuesta solicitando la práctica de más pruebas, por ello el asunto se demoró hasta febrero.
Decretos de archivo
Las nuevas pruebas ahora aportadas demuestran que incluso en los primeros días de febrero se modificaron dos veces, aunque el carpetazo definitivo se dio el día de 16 de ese mes, de manera que hubo un total de cinco peticiones de archivo. En el primer correo, con fecha de 2 de febrero, Caballero Klink explicaba a García que le enviaba el decreto de cierre de las diligencias y que había sido "determinante" el oficio remitido por el juzgado que investiga el caso Villarejo en relación a que el chat que se pedía incorporar sobre las conversaciones de los abogados de Podemos no estaba en la causa. Tan solo aparecían "alusiones" al respecto.
Este asunto es crucial puesto que una de las diligencias de investigación que se "sugirieron" desde la Fiscalía General fue la de contar con toda la documental presentada a la causa por el abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, en relación al chat de abogados. Pese a ello, los correos ahora incorporados prueban que esta versión no fue la última ya que, dos días después, el 4 de febrero, se envió otro mail con el borrador final. Llama la atención que este documento no tenía 15 páginas como el del 2 de febrero, sino que contenía un total de 10. Se habían quitado un total de cinco.
Las partes eliminadas
En esta segunda comunicación Caballero Klink indica que este decreto final le parecía "más concreto y preciso". El documento mantenían todos los mensajes que envió una de las abogadas de Podemos, Marta Flor, a sus compañeros de partido en los que se apuntaría a una posible filtración de datos confidenciales del caso Villarejo al partido, que litiga como acusación popular. Del mismo modo ambos escritos concluyen que, de todo el material que obra en la causa, "no existe un soporte documental válido, íntegro y contrastado" que demuestre filtración de secretos. Sin embargo hay matices de calado en relación a las conclusiones de uno y otro escrito.
Así, por ejemplo, en el primer borrador el párrafo concluye lo siguiente: "A efectos meramente dialécticos, pues ya se han expresado las dudas sobre tal prueba, la lectura atenta de los mensajes incorporados en la documentación que acompaña la denuncia, no permite concluir con la rotundidad que se pretende que haya existido revelación de secretos de datos concretos declarados secretos". La segunda versión, que fue la definitiva, se limitó a determinar que "la lectura atenta de los mensajes incorporados no permite concluir que haya existido revelación de datos concretos".
Del mismo modo tampoco aparecen en su totalidad las referencias a la declaración que prestó Marta Flor y otro abogado compañero en relación a sus vínculos con los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Así, en el primer borrador consta que la abogada "negó categóricamente" que tuviera una relación sentimental con el primero de ellos y que, de las 44 peticiones instadas a la causa, Fiscalía solo avaló tres de ellas. El decreto final no recoge estos aspectos, sino que concluye que los dos fiscales y los dos abogados "negaron categóricamente" que se diera ningún tipo de información declarada secreta. Del mismo modo tampoco aparece la declaración completa del fiscal Serrano.
El papel de Delgado
En lo que respecta a las conclusiones, el matiz es importante. En la primera de ellas se habla de que, del resultado de las diligencias que se practicaron entre julio de 2020 y febrero de 2021 "no cabe apreciar huella alguna de indicios, ni tan siquiera de sospechas" que avalasen la comisión del delito. Frente a ello, el archivo definitivo dictamina que no se ha acreditado "ninguna filtración o revelación", por lo que se procede al archivo. De esta forma, a todas estas nuevas pruebas se añade a un nuevo correo del que también se acaba de tener conocimiento y que demostraría que, en contra de lo mantenido, Dolores Delgado sí estuvo informada de estas diligencias.
Fuentes del Ministerio Público sostiene que la fiscal general siempre se mantuvo al margen de estas pesquisas y que, en lo relativo a la votación del Consejo Fiscal en la que Stampa no obtuvo plaza, no concurría causa alguna para que se abstuviera. Frente a ello el exfiscal del caso Villarejo defiende que Delgado maniobró para que llegase al Consejo Fiscal donde se jugaba su plaza con esta causa abierta pese a que el instructor de las diligencias, el fiscal Carlos Ruiz de Alegría, ya había pedido dar carpetazo al asunto.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita un procedimiento en lo Contencioso en el que Stampa solicita el acceso completo a su expediente. Del mismo modo, vocales de la Asociación de Fiscales recurrieron a esta vía también después de que desde la cúpula del Ministerio Público se niegue el contenido al mismo por tratarse de un asunto reservado. Dolores Delgado ofreció a estos vocales el acceso únicamente si Stampa daba el visto bueno. Este mismo martes tanto la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) como la mayoritaria Asociación de Fiscales han pedido la dimisión de la máxima representante de la institución.
