La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias de investigación para aclarar si se ha cometido alguna irregularidad penal en la vacunación contra la covid-19 de altos cargos en la Región de Murcia saltándose el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad.
La investigación del fiscal atiende a las denuncias que, tanto PSOE como Podemos, anunciaron la semana pasada.
En concreto, el escrito que los socialistas han hecho llegar al fiscal le pide que investigue la vacunación del anterior consejero de Salud, Manuel Villegas, --quien dimitió tras la polémica suscitada en torno a este asunto-- y de 400 trabajadores de la que era su Consejería, contra la covid-19, saltándose el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad "por si pudiera constituir algún tipo de delito".
Según la estrategia aprobada por el Ministerio de Sanidad, en la primera fase de vacunación, que aún no ha terminado, las primeras personas en recibir la vacuna son residentes y personal de centros de mayores; personal sanitario en primera línea contra la pandemia y personal sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados.
Por lo que, señala es escrito del PSOE, "por parte de la Consejería de Salud se han saltado arbitrariamente, de una manera injusta y grosera lo establecido en el protocolo de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad y por la propia Consejería de Salud del Gobierno Regional. No se conoce, además, ningún tipo de resorte legal o técnico en los que esta decisión haya sido amparada".
Trato de favor
Los socialistas defienden que se trata de "trato de favor con el personal no asistencial de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud", ya que "se crea una situación de privilegio con estos trabajadores, altos cargos y el propio consejero que quizá no puede pasar desapercibido para la justicia".
Pide que se depuren responsabilidades, porque entienden que "se tuvo que dar orden clara y directa de que se suministrara la vacuna al personal no asistencial de la consejería, lo que podría conllevar la posible comisión de un delito de prevaricación o un delito de malversación de caudales públicos al haber sido administrada una vacuna propiedad de la administración a quien no tiene derecho a ella según los protocolos establecidos".
