El Servicio Especial de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por si la expulsión de guardias civiles y policías nacionales de los hoteles de Cataluña pudieran implicar delitos de amenazas y contra los derechos fundamentales, según un escrito hecho público por la Fiscalía General del Estado.
En relación a los posibles delitos contra los derechos fundamentales, la Fiscalía se refiere al artículo 512 del Código Penal, que se refiere a las personas que "en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad".
El fiscal en su escrito explica que en este caso se trataría por "la pertenencia de los afectados a la nación española".
La pena, si fueran condenados, sería "la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años".
Y por ello, ordena a la Policía Nacional que "practique todas las diligencias que permitan la comprobación de los hechos, su esclarecimiento y la identificación de sus autores".
