La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve motivos de peso para prohibir la manifestación convocada por Sare en apoyo a los presos de ETA este 31 de diciembre en Pamplona. El Ministerio Público considera que faltan razones para acordar la suspensión del acto ya que no hay una constancia mínima de la existencia de delito. No obstante, avanza que solicitará que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado adopten las medidas de vigilancia necesarias ante la posible comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Fuentes fiscales explican que se han pronunciado en relación a esta marcha, si bien también se ha convocado otra por el colectivo de apoyo a los presos etarras para homenajear Henri Parot y otros dos etarras más en Mondragón el 31 de diciembre. Se trata de actos cuya suspensión ha solicitado a la Audiencia Nacional tanto la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas (APAVT) como Dignidad y Justicia al considerar que pueden ser constitutivos de delito.
Al respecto los colectivos explicaron que las reivindicaciones que realiza Sare coinciden en lo esencial con las que hasta hace poco realizaban Herrira y, anteriormente, Askatasuna. "Consecuentemente, detrás de Sare pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades", expuso APAVT. La asociación entiende que el único objetivo de esta concentración convocada en la Plaza de los Ajos no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA.
Acercamiento de presos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional responde al igual que ha hecho con otras convocatorias similares (como los 'Ospa Eguna' o Día contra la Guardia Civil que se celebran en Navarra a finales de agosto) y adelanta que para prohibir este tipo de manifestaciones debe existir un riesgo real a secundar eventuales acciones terroristas. Además, se ampara en la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto al dolo específico del delito de enaltecimiento del terrorismo, de manera que concluye que no hay indicios suficientes que justifiquen su prohibición.
La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo explica por contra que, aunque la reivindicación puede entenderse como una reclamación de los derechos de los presos, en el fondos se busca su excarcelación. "Es conocido que para conseguirla existen cauces legales recogidos en nuestra legislación penitenciaria sin que deba permitirse la realización de actos como el pretendido que humillan a las víctimas en general y, particularmente, a las víctimas directas de aquellos presos cuya excarcelación se pretende", insisten. Al hilo recuerdan que el Gobierno ya ha acercado solo en este año a 136 etarras.
Además de las acciones solicitadas ante la Justicia y la Fiscalía hay colectivos, como la Fundación Villacisneros, que se han dirigido a la Delegación del Gobierno de Navarra para pedirle que impida su celebración. Al respecto apunta que los actos previstos para este viernes vulneran "claramente" las leyes aprobadas en defensa del reconocimiento, de la dignidad y la reparación de las víctimas del terrorismo y recuerda que las corporaciones locales tienen la obligación de evitarlos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 61 de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Homenaje a Parot
En relación al homenaje a Parot y a otros dos etarras más (cuya suspensión ha pedido también el PP y Vox) Dignidad y Justicia destaca que acumula hasta 26 condenas por participar en decenas de asesinatos; entre ellos el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales, cinco de ellas niñas. Tanto esta petición de prohibición como la del homenaje a Henri Parot han recaído en manos del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está José Luis Calama Teixeira.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de septiembre este magistrado ya tuvo que pronunciarse en relación a la 'marcha solidaria de 31 km en favor de Henri Parot, para lograr la convivencia, la paz y la reconciliación'. El juez declinó prohibir el acto alegando, al igual que hace ahora la Fiscalía con la convocatoria de Navarra, que no había indicios suficientes para determinar que se pudiera llegar a constituir hipotéticamente un delito de enaltecimiento del terrorismo. Ahora bien, ofició al departamento del Interior del Gobierno Vasco, Policía y Guardia Civil para que siguieran de cerca los actos.
