Un total de 56 fiscales de Sevilla se ha sumado a la reivindicación efectuada por los fiscales del Tribunal Supremo contra el máximo responsable del órgano, Álvaro García, por no defenderles antes las críticas de 'lawfare'. Le reprochan por carta que no haya salido a defender a los fiscales del procés tras las acusaciones veladas de persecución judicial que se incluyeron en el acuerdo de PSOE y Junts.
La misiva se pronuncia en los mismos términos que la remitida el pasado martes por 18 fiscales de la Sala de lo Penal del alto tribunal que quisieron de esta forma respaldar a sus compañeros de la causa del procés. Según mantienen, su pronunciamiento apelando a la neutralidad no es otra cosa que "una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal".
"Expresamos nuestra decepción por la falta de voluntad de vuestra excelencia salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los Fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como 'el proces' y sus derivadas", reza el documento.
Al respecto los firmantes explican que los fiscales están siendo sometidos a "injustificados ataques" en relación a su actuación en la causa del procés. El asunto se remonta al acuerdo de investidura que el partido del Gobierno firmó con sus socios independentistas de Junts y que contempla la creación de comisiones parlamentarias para dilucidar si los actores jurídicos cometieron lawfare contra políticos independentistas catalanes.
Crispación entre los fiscales
De esta forma, los representantes del Ministerio Público de Sevilla se suman a la crispación por la reacción de García la pasada semana. El fiscal general respondió a la petición de los fiscales del procés que debía mantener la neutralidad y no pronunciarse sobre la ley de amnistía al menos hasta que esté aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
"El Ministerio Fiscal debe respetar el principio de separación de poderes y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado", respondió el sucesor de Dolores Delgado en una misiva remitida a toda la carrera fiscal y especialmente a los fiscales del Tribunal Supremo que lideraron la acusación del procés.
Sin embargo, los cuatro representantes de la Fiscalía que actuaron en el procedimiento contra los líderes independentistas no le habían solicitado un pronunciamiento expreso sobre la futura ley de amnistía, sino que les defendiera de su actuación en la causa. "Parece más que necesario que el fiscal general del Estado exprese públicamente la postura que interesamos en defensa de la institución y de su actuación imparcial y ajustada a la ley", expusieron.
Reelegido como fiscal general
La polémica se produce en paralelo a la emisión de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se le acusa de actuar con "desviación de poder" en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del alto tribunal. Los magistrados anularon su nombramiento y también su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal en un duro pronunciamiento en el que le acusaron de actuar al margen de lo estipulado en la ley.
Pese a ello fuentes gubernamentales confirmaron este miércoles que el Consejo de Ministros del próximo martes le renovará en su condición de fiscal general del Estado; una decisión que ha provocado más recelo y frustración en gran parte de la carrera fiscal.
