La Fiscalía de la Comunidad de Madrid no ve delito en el pago de sobresueldos dentro de Podemos. El Ministerio Público mantiene su criterio de que no incurrieron en administración desleal porque estos complementos implementados por la gerente del partido, Esther del Val, se cobraron de manera "transparente" y "con control interno". De este modo se opone a impulsar esta línea de investigación que el magistrado Juan José Escalonilla archivó y posteriormente reabrió tras admitir el recurso interpuesto por Vox.
Así lo recoge la fiscal en un escrito en el que explica que la percepción de estos complementos en Podemos "podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos" pero eso no quiere decir que constituyan infracción penal. Según recalca, no se está hablando de cantidades cobradas en 'b' o "en sobres", sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido. Igualmente lanza un dardo a las acusaciones a las que reprocha que sean ellas las que apunten a la comisión de un delito de administración desleal cuando el propio partido no se considera perjudicado por estos hechos.
Al hilo, rechaza también las diligencias solicitadas por las acusaciones populares que figuran en el conocido como caso Neurona porque dice que suponen un nuevo intento de "realizar una auditoría" a la actuación de Podemos en relación a unos hechos que, según precisa, no son constitutivos de delito. De este modo, el Ministerio Fiscal insiste en cerrar todas las líneas abiertas a lo largo de estos 10 meses de instrucción y dejar exclusivamente la relativa a la contratación presuntamente irregular de la consultora Neurona para los comicios generales del 28 de abril de 2019.
Reapertura de la investigación
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, archivó el 11 de marzo la investigación abierta contra Rocío Val por delito de administración desleal al considerar que tenía facultades para actuar de dicho modo y que se trató de un movimiento aprobado por el Consejo Ciudadano Estatal en relación al presupuesto de la formación morada para el ejercicio 2019. En el mismo se incluía tanto el gasto de personal como las retribuciones devengadas tanto por la gerente como por el tesorero. Además, constaba una certificación emitida por la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a quien la acusación pidió imputar en este procedimiento.
Semanas después de dar carpetazo al asunto, el magistrado modificó su criterio y decidió admitir a trámite el recurso de Vox argumentando que tenía razón en cuanto a que la documentación aportada por Podemos resulta "insuficiente" a los efectos de acreditar que el Consejo Ciudadano Estatal aprobó la implementación de los complementos salariales. Según considera, no basta con presentar un mero certificado; sino que sería necesario incorporar el informe sobre ejecución del presupuesto de aquel ejercicio. Por ese motivo no solo reabrió esta investigación sino que requirió a Podemos este documento en cuestión y remitió oficio al registro de partidos políticos para que de traslado al juzgado del testimonio de los estatutos de la formación morada.
Igualmente el instructor citó al exgerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón, que compareció en calidad de testigo el pasado viernes en sede judicial y defendió la aprobación de los complementos salariales. Sin embargo, otras acusaciones del procedimiento denunciaron irregularidades al apuntar que no respetó las tablas salariales vigentes (aprobadas en el Consejo de Coordinación de 2017) y tampoco los estatutos, puesto que la gerencia carece de potestad para modificar unilateralmente las tablas salariales. Celia Cánovas, exmilitante de la formación morada, se pronunció de este modo respaldando la denuncia inicial del abogado despedido de la formación, José Manuel Calvente, en la que advirtió que estas subidas podrían tratarse en realidad de sobresueldos encubiertos.
