La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha presentado este jueves un escrito en el que insta a la Sala de lo Penal a que se dirija al Congreso de los Diputados con el fin de solicitar autorización para poder investigar al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, una vez acreditada su condición de parlamentario y su presunta participación en hechos que podrían constituir delitos de atentado a agentes de la autoridad y falta de lesiones.
El pasado 20 de octubre, el diputado y secretario de Organización de Podemos dio plantón al TS, que le había citado a declarar de manera voluntaria como investigado por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad durante una manifestación convocada contra la reforma educativa en 2014. Ahora, el Supremo se verá obligado a solicitar al Congreso el suplicatorio para poder citarlo a declarar.
El magistrado Antonio del Moral le había ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente tras recibir la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número cuatro de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), que no podía continuar la investigación al tratarse de un aforado.
El parlamentario de Podemos defiende su inocencia y esgrime que participó en una protesta pacífica durante la cual no fue detenido, ni tan siquiera identificado por las Fuerzas de Seguridad.
Los hechos
Los hechos se produjeron el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife) en el curso de una visita del entonces ministro de Educación de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert, que motivó una protesta contra la reforma de la Lomce que terminó en disturbios y cargas policiales.
Según la Fiscalía, Rodríguez “propinó una patada al policía, quien sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda"
El juzgado de instrucción canario había acordado la apertura del juicio oral contra él, pero al acreditar su condición de diputado en el Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado. Sobre estos hechos, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de acusación, solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.
Según la Fiscalía, Rodríguez “propinó una patada al policía, quien sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días, durante los que no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales”.
El juzgado decidió abrir juicio oral y dirigir la acusación contra Alberto Rodríguez y otros cinco encausados por los enfrentamientos con la policía durante aquella manifestación. El parlamentario también fue investigado por el Supremo en 2017 por un delito de desórdenes públicos sucedidos en 2006, que fueron considerados prescritos. También resultó detenido en 2012 en Tenerife por altercados durante la huelga general.
