El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Valencia en funciones de guardia una denuncia contra el agente de la Guardia Civil que redactó el informe que le relaciona con la empresa pública Ciagsa y el supuesto cobro de comisiones ilegales, incluido en el sumario del caso Imelsa.
Según este informe, la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa) se habría estado utilizando entre 2004 y 2007 para financiar tanto al PPCV como al PP provincial y también para el enriquecimiento personal de determinados cargos públicos de la administración, lo que provocó sobrecostes en la entidad, en unos hechos que considera no de mala gestión sino de conductas relacionadas con la corrupción. La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, va dirigida contra el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de redactar el 'Informe sobre las relaciones de la empresa pública Ciegsa con ciertos políticos y funcionarios de la Comunidad Valenciana', con fecha de 18 de enero de 2016, por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra el honor.
Camps sostiene que el agente ha hecho una interpretación "maliciosa e interesada" de unas grabaciones
En el escrito, en el que Camps reitera nuevamente que los hechos relatados no son ciertos, el expresidente valenciano denuncia la interpretación "maliciosa e interesada" que el agente de la Guardia Civil realiza de unas grabaciones efectuadas por una persona con la que no ha tenido ni tiene "ninguna relación", utilizando al parecer "una grabadora doméstica". El expresidente valenciano sostiene que las "gravísimas acusaciones y calumnias" que se vierten en el informe contra él pueden inducir al juez que instruye la causa a "tomar decisiones de todo punto equivocadas" y pueden conllevar su imputación en unos hechos "no solo de imposible demostración, sino que jamás se han realizado".
En este sentido, en el escrito se cuestiona la labor del agente de la UCO y se le acusa de buscar una "difusión difamatoria" y no la de "llegar a una conclusión indagatoria". En esta línea, se subraya que se trata de un informe para "una instrucción penal con consecuencias catastróficas y destructivas del honor, de la profesión y de la propia persona para los nombres que se van relatando en una sucesión de hechos inverosímil". Camps también alega que "el incumplimiento o la negligencia o la animadversión que puede deducirse del texto inducen a buen seguro a que este agente está cometiendo algún delito de los que se le pueden atribuir al funcionario público por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo, además de una clara imprudencia temeraria con consecuencias irreparables".
Camps advirtió que se querellaría con quien manchara levemente su honor al implicarle en el caso Imelsa
En la misma línea, en el escrito se argumenta que la responsabilidad del autor del informe no queda eximida al utilizar tiempos verbales hipotéticos "ni tampoco por la traslación de unas conversaciones que en nada, de una lectura tranquila y sosegada, puede reflejar relación alguna" de su persona con los hechos. "Máxime", se añade, "cuando introduce en el informe la citada referencia como conclusión".
Camps ya advirtió horas antes que se querellaría contra quien le implique "directa o indirectamente, quien calumnie o injurie y quien manche incluso levemente" su honor al implicarle en el caso Imelsa.
Lo hizo tras el levantamiento del secreto del sumario de la pieza principal del caso Imelsa y conocerse que el exgerente de esa empresa Marcos Benavent le implica a él, a los exvicepresidentes del Consell Víctor Campos y Gerardo Camps y al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus en el cobro y reparto de comisiones ilegales que provenía de adjudicación de colegios.
