La detención de los responsables de la trama púnica ha levantado las alfombras de la Comunidad de Madrid y los contratos que se han negociado durante años van ahora camino de los tribunales. Es el caso del que afecta a uno de los imputados en la trama, José Martínez Nicolás, el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones que controlaba el sistema informático de la Comunidad y contra el que UPyD interpondrá hoy una demanda por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias acusándole realizar pagos íntegros a la empresa en la que trabajó el ministro Luis de Guindos por labores que nunca realizó, según reza la denuncia a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
En esa denuncia se detalla cómo el presunto responsable informático de la trama firmó un contrato con PriceWaterhouseCoopers para "migrar" y "modernizar" los sistemas de control informático y abonó 6,2 millones de euros por trabajos no culminados en lo que entiende que es un sistema de pago de favores. El texto pide al juez que reclame a la empresa la "relación de personas contratadas por Price Waterhouse Coopers España, directamente o a través de empresas dependientes, con vínculos familiares con miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, Administración General del Estado y/o personas vinculadas al Partido Popular". Según el texto de la denuncia, se ha pagado un contrato incumplido que se estructuraba en torno a dos áreas:
- Una relativa a Recursos Humanos que llevaba aparejado un precio de 2.050.968,90€ y que se dividía en 66 Hitos de Facturación que se pagarían a medida que se fueran completando esas fases
- Y una segunda relativa al ámbito Económico Financiero que llevaba aparejada una cuantía de 2.991.502€ y que se dividía en 107 Hitos de Facturación, estableciendo que no habría pagos por ningún otro concepto ni se abonarían las cantidades de los trabajos no realizados.
Sin embargo, dos años después de la salida de De Guindos de la firma, la Comunidad de Madrid decidió rescindir el contrato con fecha 27 de junio de 2012 (Resolución número 247/2012), aumentando paradójicamente su cuantía un 11,9% --según los datos que aporta UPyD-- en 599.998€ hasta elevar la cuantía global a 5.642.459,32€. Una segunda modificación que ampliaba un año más, hasta el 31 de diciembre de 2015, los plazos de implantación de algunas labores y aumentaba de nuevo la dotación en 565.305,60€, hasta un importe global de 6.207.764,92€.
La demanda pide la "relación de personas contratadas con vínculos familiares con miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid"
La formación política denuncia que las modificaciones de contratos contravienen la ley y ha presentado esa reclamación judicial porque sospecha que el pago total de 6 millones de euros por servicios no culminados esconde, en realidad, el pago de favores a la multinacional. "PriceWaterhouseCoopers, se embolsa exactamente la misma cuantía a pesar de realizar un número inferior de tareas al inicialmente comprometido (sólo 109 frente a las 175 inicialmente programadas). Estamos, por tanto, ante un serio quebranto de las arcas públicas", argumenta el escrito.
Sombras de favor político
Según el texto que la formación magenta llevará este viernes a los tribunales, "el precio global del contrato es actualmente más de un 20% superior al precio inicial, cuando la realidad es que parte de su objeto ha desaparecido", algo que supone --concluye el texto-- "un beneficio para la empresa adjudicataria, siendo injusta, por discriminatoria, con el resto de licitadores, que hubiesen podido competir con ofertas diferentes, de haberse planteado estas nuevas condiciones en un principio, o de haber licitado el contrato, bajo esta nueva forma, siguiendo los cauces legalmente establecidos".
El jefe del área informática, Martínez Nicolás, es el nexo que une al anterior gobierno de la Comunidad de Madrid con el nuevo equipo. En la actualidad, dependía de la consejería de Presidencia que dirige Salvador Victoria después de que fuera nombrado para ese mismo cargo en el año 2007 por Francisco Granados cuando era consejero de Presidencia. El escrito elevado al juez pretende enfrentarlo a acusaciones de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
