Una 'cortina de humo' pagada con dinero público. Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid encarcelado desde octubre de 2014 como presunto cabecilla de la trama Púnica, intentó que una empresa pública de la Comunidad de Madrid pagara 4,2 millones de euros al empresario que iba a utilizar como testaferro para ocultar la propiedad de una lujosa vivienda de 1.000 metros cuadrados que le estaban construyendo en Valdemoro. Así lo recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario el pasado 8 de enero y que se ha conocido ahora tras levantarse el secreto. Dicho documento policial concluye que el que fuera consejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre era el beneficiario final de la mansión que el constructor Ramiro Cid, también imputado en la causa, estaba construyendo en el sector R-6, denominado El Caracol, de la localidad madrileña, y que tras saltar a los medios de comunicación la existencia de la misma convenció a otro empresario, Millán Jesús Pradana, para que simulara su compra tras haberle beneficiado en un convennio entre el Ayuntamiento de este municipio y la sociedad pública del suelo Arpegio, controladas ambos por el entonces 'número 3' del Ejecutivo regional.
El Supremo suspendió el pasado abril el convenio por el que el testaferro iba a recibir parcelas valoradas en más de 4 millones de euros a cambio de ceder 80.000 metros cuadrados para agrandar un parque
El detallado informe de la UCO detalla el largo proceso de compra de los terrenos y de edificación del lujoso chalé que tenía como presuntos usuarios finales a Granados y su mujer, María Nieves Alarcón. Desde que en marzo de 2003 se produce la venta de las primeras fincas donde se iba a levantar hasta que en julio de 2011 el inmueble y los terrenos son adquiridos por 716.000 euros por la empresa Calderín de Valdemoro SL, propiedad del presunto testaferro de Granados. Según recoge el documento policial, dicha compra es la última maniobra supuestamente utilizada por el político para ocultar que él era el destinatario final de la vivienda, algo que intentaba ocultar a toda costa después de que en febrero de 2009 el ya desaparecido diario Público comenzase a informar sobre la existencia de la vivienda unifamiliar y su vinculación con el entonces aún miembro del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
El juez Eloy Velasco tomó declaración a Millán Jesús Pradana, quien negó cualquier irregularidad en la compra del chalé que él hizo en el verano de 2011. Ante el magistrado, el supuesto testaferro aseguró que había adquirido aquella construcción porque "el precio de venta había bajado considerablemente" y "estaba dentro de sus posibilidades económicas", además de tener la intención "de sacar dos viviendas de esta edificiación para sus hijas". Sin embargo, también admitió que esto último no fue posible porque el chalé había sido levantado "con los servicios e instalaciones ejecutados para una sola vivienda". Por ello, los agentes concluyen que el empresario presuntamente mintió en su testimonio ya que "llama la atención que se pague una cantidad tan elevada de dinero como son 716.000 euros sin haber hecho indagaciones mínimas sobre la posibilidad de acometer dicho proyecto".
"Algún pacto o acuerdo"
Por ello, los agentes comenzaron a indagar si Millán Jesús Pradana, "propietario de numerosas parcelas de Valdemoro", podía estar en deuda con el exsecretario general del PP madrileño por haber sido favorecido anteriormente con "algún desarrollo urbanístico que le hubiera beneficiado y que hubiera estado facilitado por Francisco Granados". "Por esta razón, se avendría a adquirir la vivienda para desvincularla aún más de la esfera" del político y del constructor Ramiro Cid, si bien también consideran que "debiera existir algún pacto o acuerdo que permitiera que dicha vivienda volviera de nuevo a la esfera patrimonial de Francisco Granados". La UCO considera que esa compensación fue el convenio urbanístico firmado en julio de 2007 por el Ayuntamiento de Valdemoro y la sociedad pública Arpegio, presuntamente controladas por el entonces ya consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
'Emails' intervenidos demuestran que la mujer de Granados decidía las obras de la vivienda cuando ésta ya era propiedad del empresario beneficiado por el convenio firmado por Arpegio
Según detalla el informe de la Guardia Civil, el punto quinto de dicho convenio detallaba que Arpegio adquiría 80.672 metros cuadrados de terreno lindante al Parque de las Bolitas de Airón, de Valdemoro, con el objeto de incluirla en este espacio verde. Esos terrenos correspondían, precisamente, a dos fincas registradas a nombre de El Calderín SAT, una empresa administrada por Millán Jesús Pradana. Por ello, éste recibiría 4.207.000 euros "en parcelas". La UCO concluye que esta era la "prebenda" que el presunto testaferro había recibido de Granados y que justificaba su colaboración con éste. "La razón -destaca el documento policial- es que esta adquisición de parcelas en el sector El Espartal por Arpegio para luego cederla al Ayuntamiento de Valdemoro se podría haber realizado mediante otro procedimiento de pignoración menos costoso para la Administración como una expropiación, acordando el precio de la adquisición mediante justiprecio". Curiosamente, el convenio no llegó a materializarse porque, según resalta la Guardia Civil, una sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de abril del año pasado, cuando ya había estallado el 'caso Púnica', dio la razón a una denuncia de Ecologistas en Acción contra el mismo y lo dejó "en suspenso".
La Guardia Civil refuerza los indicios sobre el supuesto papel jugado por el empresario Millán Jesús Pradana en la labor de ocultación del verdadero propietario del chalé con el contenido de diversas conversaciones telefónicas intervenidas a finales de julio de 2014 a Francisco Granados en las que éste habla de la situación de la vivienda con su mujer, María Nieves Alarcón, y con el que fuera su mano derecha, Ignacio Palacios, también imputado en la causa. Del contenido de la mismas, los agentes concluyen que el presunto testaferro, el constructor Ramiro Cid y el propio Granados mantuvieron una reunión el 25 de julio de ese año en la casa del primero para abordar la cuestión. En uno de esos diálogos 'pinchados', el exsecretario general del PP de Madrid le asegura a su mujer que no le gusta "el plan", ni "la cantidad" ni "el sistema" que le ofrecen para mantener oculta la verdadera titularidad del inmueble.
Además, los agentes incorporan facturas y correos electrónicos cruzados entre el estudio de arquitectura que se encargaba de la decoración y la mujer de Granados en el que se constata "la facultad de decisión" que esta última mantenía sobre las obras que se realizaban en la vivienda en el año 2012, cuando sobre el papel la misma era ya propiedad de Millán Jesús Pradana. Por todo ello, el informe de la UCO concluye que éste es presuntamente responsable de los delitos de blanqueo y cohecho por haber ejercido supuestamente el papel de "testaferro" del político y María Nieves Alarcón.
Piscina de cuarcita dorada y una nevera de 7.000 eurosLa investigación de la UCO ha permitido concretar muchas de las lujosas terminaciones que el matrimonio de Francisco Granados y María Nieves Alarcón querían para su mansión de Valdemoro. Construida sobre un solar de 1.700 metros cuadrados (lo que ocupan seis chalés adosados), iba a tener piscina con el vaso revestido de cuarcita dorada y el perímetro cubierto de pizarra negra. Además, al amplio jardín iban a dar un porche levantado en piedra arenisca. En la cocina, el político y su mujer se habían gastado 80.000 euros, con muebles de cocina valorados en 44.000 y con 17.000 en electrodomésticos. Sólo la nevera costaba 7.000 euros y el horno, otros 4.000. El resto de la vivienda seguía la misma línea: baño turco y sauna, vestidor con mando a distancia, tres chimeneas, ducha con cromoterapia y efecto niebla...
