La Policía Nacional ha destapado en Sevilla un fraude de cuatro millones de euros a la Seguridad Social, en el que estaba implicado un grupo de empresas, varias de las cuales se dedicaban a la hostelería.
Según informó este lunes la Policía, en el marco de esta operación han sido detenidas 13 personas y otras tres son investigadas por delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y organización criminal.
Las investigaciones comenzaron a principios del presente año, tras recibirse cinco denuncias con sospechas de haberse cometido fraude a la Seguridad Social en Sevilla y su provincia. Se investigó a 16 personas como autoras de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y grupo criminal.
Los sospechosos, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro, en unos casos crearon grupos fraudulentos de empresas y en otros instauraron sucesiones empresariales opacas. Para transferir las ganancias de las empresas deudoras y ocultar su verdadero balance económico, implantaron sociedades patrimoniales.
"Caja común"
La Policía destacó que en todas las empresas existe una misma unidad de dirección, ya que actuaban bajo las órdenes de un mismo administrador, quien las gestionaba y dirigía desarrollando la misma actividad, como si de una sola empresa se tratara. Igualmente, se producía un elevado trasvase de trabajadores de unas sociedades a otras del grupo, según las necesidades de cada una de ellas.
La gran mayoría de las sociedades investigadas superaron la cuantía del delito económico contra la Seguridad Social (50.000 euros en cuatro años), incluso superando la cantidad de 120.000 euros (tipo agravado). Además, las personas responsables cometieron otros delitos de frustración de la ejecución mediante sucesiones empresariales, intentando que la deuda mantenida por una empresa no pasara a la empresa sucesora.
Según los investigadores, el grupo actuaba de forma coordinada con una “auténtica caja común”, ya que, si alguna de las empresas del grupo tenía la cuenta bloqueada, los servicios prestados por dicha entidad eran facturados por cualquiera de las otras empresas del grupo que no tuviera esos problemas. Con esta conducta conseguían eludir los embargos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social.
