Los puntos de fricción y conflicto se le acumulan al Gobierno. El último, los funcionarios judiciales, especialmente molestos con las medidas de recortes de sus prestaciones anunciadas el pasado miércoles y confirmadas este viernes. "Un ataque a los principios básicos de la función pública" y "un intolerable insulto y desprestigio" son algunos de los calificativos que han proferido en un duro comunicado hasta siete asociaciones diferentes de jueces y fiscales, que coinciden en que el Ejecutivo "ha puesto en duda la profesionalidad de la función pública". Además, aseguran que "con la supresión de la paga extra de Navidad los jueces y fiscales han sufrido un recorte muy superior al resto de cuerpos superiores del Estado", motivo por el cual apoyan las movilizaciones "que legalmente se convoquen por plataformas de la función pública".
Para combatir esta agresión, a su juicio, proponen "paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, e incluso la huelga". También aseguran que su carga de trabajo es muy alta, por lo que no aceptan las insinuaciones de que podrían hacer mucho más. Por ello, proponen "un sistema de baremación de la carga de trabajo, instando a la misma para que a la mayor brevedad se establezca un catálogo de enfermedades profesionales" aplicables a sus profesiones. De igual modo, también amenazan con "adopción de medidas de protesta de forma conjunta" con otros funcionarios que no pertenezcan a la carrera judicial y con "no asumir las funciones que excedan la jornada ordinaria de trabajo".
Los funcionarios judiciales se sienten especialmente perjudicados por el anuncio de recorte del Gobierno y le han pedido que "de forma inmediata reciba conjuntamente a las asociaciones judiciales y fiscales", a fin de participarle de primera mano el malestar actual de la carrera judicial y fiscal.
