La lista de agravios que Convergencia i Unió acumula para justificar la ruptura de relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy es prolija. Los nacionalistas se quejan de que el 70% de los recortes anunciados por el Estado descansan en las transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y aseguran que buena parte de la austeridad que pregona el Gobierno proviene, sobre todo, de los esfuerzos que ya ha hecho la Generalidad catalana. Aun siendo el presupuesto del Gobierno siete veces superior al catalán, esta comunidad está asumiendo en la actualidad el 23% de los ajustes del conjunto de las autonomías para 2012. Según los compromisos asumidos con Hacienda por el consejero de Economía de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, este año recortará 4.187 millones (2.802 vía gastos y 1.385 vía impuestos), de los 18.425 que engloba el total de las comunidades autónomas.
CiU considera también una enorme incoherencia que el Gobierno apriete constantemente las tuercas a Cataluña mientras que el PP catalán se suma con frecuencia al PSC en demandas que no hacen sino aumentar el gasto en esta comunidad.
De los 18.425 millones de euros que suma el ajuste autonómico, 4.187 corresponden a Cataluña
Pero lo que más ha molestado al Gobierno catalán es la actitud que adoptó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal celebrado la semana pasada. En un aparte con el consejero Mas-Colell, Montoro estuvo “especialmente impertinente”, según la versión nacionalista. Las comunidades del PP tampoco quedaron especialmente satisfechas con el ministro, de hecho Extremadura y Castilla y León se abstuvieron en la votación y Galicia estuvo a punto de dar el mismo paso de no bendecir los recortes defendidos por Hacienda.
Después de la reunión del Consejo, el enfado condujo a Artur Mas a descolgar el teléfono para pedir a Rajoy un “gesto especial” hacia Cataluña que le sirviera para apaciguar a su parroquia. En el electorado nacionalista se tiene la firme sensación de que buena parte de los ajustes que está promoviendo el Gobierno sin negociación se traducen en reformas estructurales que afectan de lleno a comunidades y ayuntamientos. La devolución de todo el poder a los interventores municipales es solo un ejemplo. En esta conversación, Mas le llegó a decir al presidente: “Si se nos interviene, ya nos explicaremos ante Bruselas”.
En el Gobierno se opina que el plante de CiU obedece a su negativa a achicharrarse políticamente avalando los nuevos ajustes
La amenaza de intervención ha sacudido la epidermis de buena parte de los gobiernos regionales, hasta el punto de que el malestar generado por la advertencia ha hecho reaccionar al Ministerio de Hacienda. En una “nota aclaratoria”, ayer explicó en qué consistirá el seguimiento de la ejecución presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit en 2012. “No se trata de un procedimiento de intervención, sino de un chequeo, que va a ser habitual en los próximos meses y años”, recalca Hacienda.El prisma desde el que el Gobierno observa el plante de CiU es muy diferente al del nacionalismo y se circunscribe a una clave política. “El decreto de recortes es tan duro que los nacionalistas no quieren achicharrarse con el PP”. Tan sencillo como eso. De ahí que CiU no vaya a acompañar al Gobierno en la votación del decreto ley que se convalidará este jueves en el Congreso gracias a la cómoda mayoría absoluta de la que disfruta Mariano Rajoy
