La resistencia ucraniana cuenta desde hace una semana con lanzagranadas contracarro españoles. Forman parte del primer lote de armamento donado a Kiev para hacer frente a las tropas rusas. Los lanzagranadas están fabricados por Instalaza S.A., una compañía zaragozana que también fabricó bombas de racimo que supuestamente utilizaron las fuerzas de Gadafi para atacar en abril de 2011 a los rebeldes libios de Misrata. Los artefactos usados contra la ciudad libia se fabricaron en 2007, antes de que se prohibieran por ley en gran parte del mundo.
El arsenal entregado por España a Ucrania incluye 1.370 lanzagranadas contracarro de Instalaza, 700.000 cartuchos de diversos calibres y ametralladoras ligeras. Las Fuerzas Armadas seleccionaron de su stock estos modelos porque pueden utilizarse sin tener una gran experiencia en el manejo de armas.
El ejército español utiliza el modelo C90-CR-RB, según detalla El Independiente. Se trata de un sistema de calibre 90 milímetros, ligero gracias a sus 5,3 kilos de peso y con gran precisión. Es fácil y cómodo de usar: se dispara desde el hombro y tiene un alcance eficaz de 350 metros contra blancos puntuales y de 700 metros contra blancos de área. Instalaza también ha proporcionado a las tropas españolas el lanzagranadas Alcotán-100, de más alcance.
La compañía zaragozana se constituyó en 1943 como sucesora de Instalaciones Zaragoza S. L. Su camino en el sector de la defensa comenzó en 1951. Once años después logró su primer contrato de exportación para un modelo de lanzagranadas. Lanzó la primera generación de C90 en 1983. A partir de entonces, Instalaza fue fabricando nuevas versiones, pensadas para la infantería. La empresa tuvo en su consejo a Pedro Morenés, ministro de Defensa del primero Gobierno de Mariano Rajoy. La sede de la compañía, sus dos fábricas y su campo de tiro están en Zaragoza.
Bombas de racimo empleadas por Gadafi
Instalaza fue el protagonista de un polémico artículo publicado por The New York Times el 15 de abril de 2011. Según el diario estadounidense, las fuerzas del dictador libio Muamar el Gadafi atacaron la ciudad de Misrata supuestamente con bombas de racimo fabricadas por Instalaza en 2007, un año antes de que se firmara el tratado internacional que prohibió el uso de este tipo de explosivos. Libia nunca firmó el acuerdo.
Las protestas de la Primavera Árabe en Libia estallaron en febrero de 2011. El objetivo era derrocar el régimen del excéntrico Gadafi, que llevaba 42 años en el poder. La respuesta represiva del coronel desembocó en una rebelión popular apoyada por la OTAN y con el asesinato del dictador en octubre de ese año.
En abril de 2011, Misrata estaba tomada por los rebeldes, pero asediada por las tropas de Gadafi. El ataque con bombas de racimo se produjo a última hora del jueves 14 de abril. Fueron, al menos, tres proyectiles de mortero de 120 milímetros que estallaron en el aire sobre la ciudad. También se emplearon durante otros días de aquella semana. El periódico neoyorquino examinó y fotografío los restos de los proyectiles, que correspondían supuestamente al modelo MAT-120. Uno de ellos tenía grabado la marca 'Instalaza', tal y como se puede apreciar en una fotografía que aporta en otro artículo.
Las marcas de los restos de artefactos examinados por The New York Times detallaban que los proyectiles se habían fabricado en 2007. No quedó claro cómo las bombas de racimo españolas habían terminado en manos de Gadafi
Las bombas de racimo contienen pequeñas bombas explosivas en su interior. Cuando el proyectil se lanza desde el aire, libera estas submuniciones sobre un área amplia. Según las Naciones Unidas, este tipo de municiones pueden causar "daños devastadores" a los civiles. "Uno de los principales problemas es que a menudo no detonan inmediatamente por lo que pueden llegar a causar fallecimientos y mutilación de personas al azar, incluso una vez finalizado un conflicto", señala la ONU.
Las marcas de los restos examinados detallaban que los proyectiles se habían fabricado en 2007. No quedó claro cómo las bombas de racimo españolas habían terminado en manos del ejército de Gadafi. La entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, señaló entonces que no tenía conocimiento de que se estuvieran lanzando bombas de racimo en Libia, pese a que no le sorprendió la información, que calificó de "preocupante".
Al ser preguntado por Europa Press, el Gobierno español aseguró no tener constancia de que este tipo de armamento se estaba empleando en Libia. En cualquier caso, los artefactos utilizados sobre Misrata se fabricaron antes de que se prohibieran por ley en gran parte del mundo.
España firmó en 2008 su compromiso para prohibir la munición de racimo. En 2009 ya había eliminado de su arsenal este tipo de armamento
España fue uno de los más de cien países que en mayo de 2008 firmó el acuerdo de Dublín para prohibir el polémico armamento y eliminar los arsenales con los que contaba el Ejército. La convención se convirtió en vinculante en 2010. España ya había eliminado en 2009 de su arsenal este tipo de municiones.
Pese a que España firmó el compromiso en mayo de 2008, aprobó una moratoria unilateral en la producción y exportación de bombas de racimo hasta que el acuerdo se rubricó en diciembre de ese año, según informó El País.
En un comunicado publicado en su página web, Instalaza anunció que acataba las decisiones del Gobierno sobre la prohibición de la munición de racimo. En el mismo texto, la compañía zaragozana defendió la "infalibilidad del diseño de autodesactivación" de MAT-20 en caso de que los artefactos no se autodestruyeran al impactar contra el terreno. Los ensayos, según el fabricante, reflejaban que la "seguridad y fiabilidad" en estos casos "no había sido" alcanzada "por ninguna otra munición de su género".
Las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio indican que en 2008 España exportó 'bombas, torpedos, cohetes y misiles' por valor de 3,8 millones de euros. Casi todo este arsenal (3,76 millones) se exportó desde Aragón, donde se ubica Instalaza y otras dos empresas armamentísticas que también operaban por aquel entonces, según el Heraldo de Aragón. Según el periódico aragonés, estas exportaciones desde Aragón nacen de unos acuerdos comerciales alcanzados en 2007 entre Gadafi y Zapatero por valor de 2.000 millones para material de Defensa y del sector aeronáutico.
Después de los citados acuerdos con Libia llegó, además, la ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. El artículo 8 de esta normativa señala que la exportación de este tipo de materiales quedará prohibida cuando existan "indicios racionales" de que puedan ser utilizados "de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales". La UE había levantado en 2004 el veto a la venta de armas a Libia.
Al ser preguntada por el Heraldo, Instalaza señaló que los datos sobre exportaciones eran "erróneos" y que "todas y cada una de las operaciones de exportación" realizadas estaban "sometidas a aprobación por la preceptiva licencia que concede la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)". Posteriormente, es la Secretaría General de Comercio Exterior la encargada de autorizar las operaciones comerciales. En febrero de 2011, el Gobierno suspendió las licencias de exportación de armamento y material de defensa a Libia debido a la represión de Gadafi ante las revueltas populares.
