El partido Democracia Ourensana acaparó el pasado 18 de febrero numerosos titulares informativos tras conseguir entrar, por primera vez, en el Parlamento gallego con un representante. Lo que no lograron otras formaciones mucho más asentadas a nivel nacional y dotadas con unos medios propagandísticos muy superiores, como Sumar, Vox y Podemos, lo consiguió este pequeño partido regionalista, casi localista, por el que casi nadie apostaba ni un euro.

El escaño obtenido no tendrá, a efectos prácticos, ninguna repercusión en el devenir parlamentario de la nueva legislatura debido a la holgada mayoría absoluta cosechada por el PP, pero todos los líderes políticos han tomado buena nota de lo ocurrido en las pasadas elecciones y a buen seguro lo tendrán muy en cuenta en futuros comicios. La conclusión es que Democracia Ourensana no es un ‘bluf’ sustentado por unos pocos cientos de ‘paisanos’ un tanto pintorescos, sino un partido que ha sabido encontrar su sitio y cuyo número de seguidores no para de crecer, como lo volvió a demostrar en la última cita electoral.

Fundado hace ya dos décadas por el actual alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, muchos analistas coinciden en el hecho de que este partido ha logrado ganar un protagonismo progresivo en el tablero político gracias, casi por completo, a la personalidad de su líder, al que tachan de ser un polemista nato que aprovecha cualquier circunstancia para hacerse notar y atraer hacia su redil a nuevos adeptos. Sea o no acertada esta descripción, la realidad es que Jácome inició el pasado mes de junio su segundo mandato al frente de la Corporación de su ciudad por ser el candidato que más votos cosechó en las elecciones municipales de mayo de 2023. Y lo cierto es que desde entonces, como queriendo dar la razón a quienes lo tachan de ser un adicto a la polémica, el regidor no ha dudado en meterse en controvertidos avisperos que han despertado una notoria atención mediática.

Esta discutible decisión llega después de que el Ministerio de Hacienda, a través de un informe preceptivo pero no vinculante, dejase claro que "la actuación formal de la tesorera se ajustaría a lo regulado en la normativa vigente, sin que pueda concluirse que se han cometido errores técnicos en el desempeño del puesto de trabajo que permitan apreciar la invocada falta de diligencia en el desempeño de sus funciones". La funcionaria, por su parte, había alegado al respecto que la persecución del regidor empezó cuando ella se negó aavalar una "situación disfuncional, altamente perjudicial para la gestión económica municipal y carente de cualquier justificación legal".

Para echar más gasolina al fuego, la decisión adoptada sobre la tesorera municipal llegará este viernes al Pleno en medio de otra polémica de mucho calado relacionada con el interventor municipal, que ha presentado un demanda por acoso laboral y por incumplimiento de las medidas de seguridad contra el Ayuntamiento y contra el propio alcalde, a los que pide una indemnización de 150.000 euros por los daños ocasionados. La demanda está en trámite en el Juzgado de lo Social 1 de Ourense.
Jácome abrió expediente de cese contra el interventor el pasado 20 de diciembre por las "discrepancias" mantenidas con él y por sus métodos ‘obstruccionistas’. El encargado de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento alegó las "intimidaciones" sufridas por parte del regidor, al que también acusa de presionarlo mediante descalificaciones profesionales y con burlas “con difusión mediática”. Hacienda también ha rechazado la propuesta de cese de este trabajador. La polémica, desde luego, está servida.

Este viernes, 1 de marzo, Pérez Jácome volverá a ser centro de la atención informativa a causa de la celebración de un Pleno en el que el regidor informará de dos controvertidos decretos relacionados con la destitución de la tesorera municipal del Ayuntamiento, María Belén Rodríguez Tourón, funcionaria a la que en su día calificó de ser una “tiquismiquis” por dilatar demasiado, en su opinión, la presentación de los informes a su cargo y por pecar de llevar al extremo el “legalismo”. Estas peculiares razones llevaron al regidor a anunciar, el pasado mes de enero, el ‘despido’ de la tesorera municipal, que llevaba en el cargo desde 2018, cuando el PP estaba al frente del Ayuntamiento.

"Ralentiza todo"

En la sesión plenaria de este viernes, por lo tanto, Jácome se limitará a confirmar el decreto de dicha destitución y a dar cuenta de su nombramiento como viceinterventora general del Ayuntamiento. "Ralentiza todo, es muy tiquismiquis, demasiado, más que un notario", señaló en su día el alcalde para justificar su cese, pero al tratarse de una funcionaria tuvo que ‘cortarse’ y reconocer que "no la podemos despedir porque sí y se tiene que quedar con un puesto similar". Su nombramiento como viceinterventora es obligado por imperativo legal, pues se trata de una habilitada nacional a la que hay que asignarle un puesto igual o superior.

Esta discutible decisión llega después de que el Ministerio de Hacienda, a través de un informe preceptivo pero no vinculante, dejase claro que "la actuación formal de la tesorera se ajustaría a lo regulado en la normativa vigente, sin que pueda concluirse que se han cometido errores técnicos en el desempeño del puesto de trabajo que permitan apreciar la invocada falta de diligencia en el desempeño de sus funciones". La funcionaria, por su parte, había alegado al respecto que la persecución del regidor empezó cuando ella se negó avalar una "situación disfuncional, altamente perjudicial para la gestión económica municipal y carente de cualquier justificación legal".

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