Orden de busca y captura. Kai Xu y su esposo, Wang Feng, detenidos ambos en la Operación Emperador contra la red de blanqueo de la mafia china, están desde hace unos días en paradero desconocido después de que no cumplieran con el requisito de acudir a firmar a la Audiencia Nacional, según han confirmado a este diario fuentes jurídicas. Ambos habían sido excarcelados hace meses después de que un polémico auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara que un supuesto ‘error judicial’ deljuez instructor, Fernando Andreu –luego negado por un fallo del Tribunal Supremo- había hecho que sobrepasaran las 72 horas máximas de detención antes de pasar a disposición judicial. Sobre los ahora huidos sobrevolaba la amenaza de su reingreso en prisión como ha ocurrido recientemente con otros ocho dirigentes de la trama que también se beneficiaron de la polémica decisión del tribunal, entre ellos el considerado máximo cabecilla, Gao Ping.
La noticia de la fuga provoca una nueva polémica judicial en el caso Emperador, sacudido en las últimas semanas con otros autos también discutidos. Como adelantó el pasado domingo Vozpópuli, la misma sala de la Audiencia Nacional decidió recientemente la puesta en libertad de otro presunto cabecilla de la trama al considerar que el escrito del fiscal que recogía las acusaciones contra él contenía demasiados verbos en condicional. Esta última decisión tenía la firma como ponente del juez Guillermo Ruiz Polanco, la misma que rubrica otras cinco recientes decisiones en el mismo sentidoque también han supuesto la salida a la calle de otros tantos implicados en la operación policial.
En el caso de Kai Xu, una de las fugitivas, es especialmente llamativo. El 20 de noviembre, los tres magistrados de la Sección Tercera denegaran en primera instancia su puesta en libertad al considerar “su relevante actividad directiva-organizativa durante un prolongado período” en el seno de la organización criminal. Entre los argumentos esgrimidos entonces para oponerse a su liberación, el tribunal subrayaba “la gravedad de los hechos imputados” y “su notable relevancia en las actividades de la organización, operativa en varios países”. Estaba considerada, de hecho, en una de las personas de máxima confianza de Gao Ping. Por todo ello, según los magistrados, existía un “obvio riesgo de sustracción” a la justicia “en función de la notable fuente de ingresos originados en las actividades ilícitas que parece constituyen casi único medio de vida de la recurrente”. Sin embargo, su defensa volvió a recurrir y finalmente fue puesta en libertad aprovechando que lo habían sido otros presuntos cabecillas de la trama de blanqueo.
Su marido, Wang Feng, también tenía un significativo peso en la organización. Según las investigaciones, este empresario chino iba a ser presuntamente utilizado por la red para crear una falsa ONG a través de la cuál lavar dinero. Feng también aparece relacionado con otra de las supuestas actividades delictivas: la obtención fraudulenta de carnets de conducir para compatriotas que pagaban miles de euros. Según los pinchazos, Wang Feng tenía una nómina de chinos que se presentaban a los exámenes, teóricos y prácticos, haciéndose pasar por el que pagaba. En las conversaciones se detectan desacuerdos sobre cuándo abonar la cantidad, si tras aprobar el teórico o cuando ya se ha superado la prueba práctica y se ha obtenido el permiso de conducir. El precio rondaba los 8.000 euros.
