Crónica de una decisión anunciada. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dictado hoy un auto por el que ordena la excarcelación de Gao Ping, el principal dirigente de la mafia china desmantelada en la Operación Emperador, así como de otros once detenidos, entre ellos su mujer, Yang Lizhen, y el supuesto cabecilla del grupo de sicarios, Haibo Li. En el escrito, el magistrado señala que su decisión es fruto de la resolución de la Sección Tercera de la Sala de los Penal del tribunal, que el pasado 22 de noviembre decretó la nulidad del auto de prisión provisional de otro imputado en la causa, Kai Yang, por haberse superado supuestamente las el plazo máximo de 72 horas de de detención. Andreu destaca que acata dicha resolución de sus tres compañeros, pero deja claro que no la comparte y que es fruto, en su opinión, de la interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Además de Gao Ping, su mujer y el presunto jefe de los sicarios, también quedan en libertad Ying Quinoyu, contable del presunto jefe de la trama,Dinghoa Ying, Jingjie Ying, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qifen Wang, Qibao Giju, Ramón Antonio Aponte Alexandre y Augusto Edwin Su Hesmhant. A todos ellos, Andreu les impone la obligación de comparecer todos los días en la Audiencia Nacional entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde, les obliga a fijar domicilio y entregar el pasaporte, y les prohíbe salir de España. La Fiscalía había pedido que las comparecencias fueran dos diarias. Con estos doce, ya serán dieciséis los imputados en la causa que abandonan la cárcel, y aunque se mantienen todas las acusaciones contra ellos. Fuentes judiciales apuntaban ayer a este diario que "lamentablemente" Gao Ping y los otros once pueden no ser los últimos y que a ellos se podrían sumar en los próximos días entre seis y diez imputados más.
En el auto de ayer por el que pone en libertad a Gao Ping, el magistrado subraya que fue él quien ordenó los arrestos, pero que dejó a los detenidos a disposición de la Policía para que ésta practicase las diligencias pertinentes, entre ellas la entrada y registro en los domicilios particulares y las sedes de las empresas de los presuntos implicados en la trama, en la que deben estar presente estos últimos. En aquel auto, reclamaba a los agentes que una vez terminada las mismas, pusieran a los arrestados a su disposición "sin exceder las 72 horas legalmente establecidas". Andreu recalca como prueba de que fue así que algunos de los arrestados fueron puestos en libertad por la Policía, "a iniciativa propia", al considerar que no había riesgo de fuga. "Resulta obvio que de haber estado los detenidos a disposición judicial, y no policial, esta iniciativa no se hubiera podido tomar", escribe el juez instructor.
