La primera batalla del caso Pujol no está girando en torno a los acusados sino a los acusadores. La Fiscalía ha pedido que sea apartada la acusación popular con el argumento de que "el procedimiento no necesita, en absoluto, la querella de Manos Limpias, su admisión ni la consideración. Obviamente basta con la presencia del Ministerio Fiscal". Ante esa maniobra, Manos Limpias ha presentado un recurso a la juez de instrucción número 31 de Barcelona en el que alega su "capacidad y legitimación" para seguir en la causa.
La acusación popular alega que "goza de un mayor campo de actuación" que la Fiscalía
El recurso responde a la intención de los Pujol de que se archive ya la investigación pero aprovecha ese trámite para responder a las objecciones del Ministerio Público recordándole la doctrina del Tribunal Supremo en sus sentencias 1045/2007 de 17 de diciembre y 54/2008 de 8 de abril en las que, según el abogado Santiago de Juan, se establece que "cuando se trata de delitos en los que no existe un perjudicado concreto, la acusación popular goza de un mayor campo de actuación".
Los abogados de la acusación recelan del intento de la Fiscalía de quedarse sola en la causa y denuncian una maniobra para intentar negociar una solución sin condena entre el fiscal y los Pujol. Según los acusadores, el Ministerio Público prentede repetir la misma estrategia que se siguió en el Caso Neymar cuando se apartó a la acción popular para cerrar después un acuerdo de conformidad sin que llegara a haber una acusación de delito fiscal. Si en la causa hubiera más partes personadas, cualquier pacto debería ser ratificado por unanimidad, lo que impediría esa posibilidad de pacto bilateral.
El Fiscal apunta a 6 delitos
El Ministerio Público ha señalado la posibilidad de que existan hasta seis delitos en la actuación del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, y de su esposa, Marta Ferrusola. Tal y como adelantó Vozpópuli, en un escrito que firma el fiscal José Grinda González, el Ministerio Público abre la puerta a que existan delitos de "cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos", además de los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal señalados por la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía.
La Fiscalía "ha solicitado la práctica de diligencias" entre las que cita las comisiones rogatorias remitidas a Andorra y Suiza. Sin embargo, reclama al juez ser la única parte acusadora en la causa.
La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha recibido ya los recursos de todas las partes y tomará una decisión en los próximos días.
