Las aguas revueltas andan en la Fiscalía Anticorrupción. La fricción que se ha producido en las últimas semanas entre el fiscal jefe Manuel Moix y una parte de la plantilla que integran dicha Fiscalía especializada es innegable y la tensión se palpa en el ambiente, según las distintas fuentes consultadas por Vozpópuli.
El pasado 22 de febrero, el fiscal General del Estado Manuel Maza nombró a Moix flamante fiscal jefe Anticorrupción. Era el puesto clave entre todos los nombramientos que aquel día se abordaron en el Consejo Fiscal. En su programa de actuación, el nuevo jefe tenía marcadas unas líneas muy claras sobre cómo se debía dirigir Anticorrupción: evitar la creación de macrocausas, luchar contra las filtraciones, controlar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, visar todos los asuntos personalmente, etc.
Manuel Moix heredaba así la jefatura de la Fiscalía más sensible que hay en estos momentos en España –donde se investigan los casos que mantienen en jaque a los principales partidos políticos del país- tras trece años de mandato del fiscal progresista Antonio Salinas.
Salinas, a quien en ocasiones se le criticó por haber dejado actuar a sus fiscales "por libre" y "sin orden", había logrado en sus dos mandatos y medio que su plantilla estuviera cohesionada y que trabajara sin sobresaltos.
Sin embargo, ese ambiente de sosiego, en estos momentos, está roto. Si bien es cierto que Manuel Moix no fue recibido con gran agrado por parte de un grupo de fiscales de Anticorrupción –a los que se les había dejado claro que había sido nombrado para "poner orden en esa casa"- lo cierto es que, a raíz del desencuentro vivido con la operación Lezo y el cese de los fiscales que investigaban el 3 por ciento en Cataluña, el escenario ha empeorado.
Apoyo masivo a los fiscales de Lezo
Para entender cómo se gestó la rebelión de los fiscales Anticorrupción contra su jefe hay que remontarse a la semana del 17 de abril cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez preparaban el dispositivo de la operación Lezo, que acabó esa semana con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en prisión.
Moix llevaba varios días manteniendo reuniones con los fiscales del caso sobre cómo debían abordarse las entradas y registros de la operación contra la corrupción del Canal de Isabel II. Entonces, tras varias conversaciones, ese lunes, el jefe le comunicó a Iáñez y García Cerdá que se debían limitar los registros en la sede del Canal de Isabel II ciñéndose la UCO a buscar allí documentos de la época en que este dependía directamente de Ignacio González.
"Nunca se había invocado en Anticorrupción al artículo 27 como tuvieron que hacer los compañeros", sostiene un fiscal de esta plantilla a Vozpópuli. "Se ha generado una tensión innecesaria", destaca otro miembro de esta Fiscalía
Esta idea chocaba frontalmente con la que los fiscales habían planteado, ya que ellos pretendían que los registros también abarcasen la época en la que la empresa de aguas dependía del ex ministro Alberto Ruiz Gallardón, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya había determinado que debían investigarse ambas etapas en un mismo procedimiento.
Cuando Carlos Iáñez y Carmen García Cerdá recibieron la orden de Moix verbalmente le pidieron a éste que se la comunicara por escrito. Y le jefe así lo hizo. Ese martes por la mañana se le dio la orden por escrito y entonces los fiscales del caso se rebelaron contra decisión de su jefe y apelaron al artículo 27 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para que fuera la Junta de Fiscales de Anticorrupción quien tuviera la última palabra.
Ese mismo martes por la tarde se celebró la citada Junta ya que el Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal prevé que, cuando un fiscal reciba una orden de su jefe y la considere improcedente o no suficientemente razonada, puede recurrir a la Junta de esa Fiscalía.
Un hecho "insólito"
Así ocurrió, y la Junta apoyó por amplia mayoría, tras una votación, que se realizara aquel registro de forma íntegra. Sólo dos fiscales de la plantilla que integra Anticorrupción evitaron respaldar a sus compañeros. Según informan fuentes fiscales uno de ellos fue el fiscal José Miguel Alonso Carbajo, quien se abstuvo en la votación, mientras a favor de la tesis de Moix votó el fiscal Conrado Saiz, debido a que él instruye una causa en la que se entrelaza la investigación al Canal de Isabel II.
Fuentes presentes en la polémica Junta de Fiscales subrayan que la situación creada era de todo punto inusual. "Nunca se había invocado en Anticorrupción al artículo 27 como tuvieron que hacer los compañeros", sostiene un fiscal de esta plantilla. "Es insólito, se ha generado una tensión innecesaria", destaca otro miembro de esta Fiscalía.
No obstante, hay quienes puntualizan que fue exclusivamente un "debate jurídico" con el que se logró "convencer" al jefe. Lo cierto es que, tras aquella reunión, Manuel Moix tuvo que dar su brazo a torcer porque en la votación su tesis había sido arrollada por el apoyo mayoritario que recibió la de sus subordinados Carlos Iáñez y Carmen García Cerdá. Hay quien sostiene que ha sido "un antes y un después" puesto que le "echaron un pulso y se lo ganaron por goleada".
Desde entonces, el ambiente anda revuelto en Anticorrupción. Tampoco ha ayudado que el fiscal jefe decidiera apartar a los fiscales que investigaban el 3 por ciento en Cataluña, José Grinda y Fernando Bermejo, del caso. O que preguntase al fiscal Carlos Iáñez si finalmente iba a renunciar a la Comisión de Servicios que le fue otorgada a principios del mes de abril. En ese caso, la iniciativa había partido del propio fiscal que fue quien advirtió a Moix que barajaba seriamente volver a la Fiscalía de Granada. Finalmente, se echó para atrás.
