La Audiencia Provincial de Zaragoza deja fuera del caso Ghali a Arancha González Laya. Los magistrados dan la razón a la Abogacía General del Estado y levantan la imputación para la exministra de Asuntos Exteriores al considerar que no hay indicios de que apunten que conocía la existencia de "un interés judicial" sobre el líder del Frente Polisario (en referencia a sus causas abiertas entonces en la Audiencia Nacional).

En un auto de este jueves, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza concluye que no hay motivos para mantenerla imputada en las diligencias abiertas por la entrada y salida de Brahim Ghali en España, las cuáles quedan abocadas a su fin. Los magistrados revocan de esta forma la decisión del magistrado instructor y archivan la causa para la titular de Exteriores, del mismo modo que ocurrió para su mano derecha en el Ministerio, Camilo Villarino.

Los magistrados explican en su auto que es "innegable" que González Laya era conocedora de la finalidad del viaje (ser tratado en Logroño de covid) y que incluso "tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello". Ahora bien, precisan que no hay indicios que soporten la tesis de que estaba al corriente de las causas abiertas contra Ghali en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, genocidio o torturas, entre otros.

Ghali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo

"Como se viene diciendo, a nivel indiciario parece indudable que el Sr. Ghali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo. Ya se ha dicho que dicha decisión se trataría de un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal. Estas consideraciones también serán aplicables aquí. Ahora bien, en los límites que podrían señalarse a estos tipos de actos políticos o de gobierno estaría lo relativo al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a la colaboración con Jueces y Tribunales", indican los magistrados.

La propia Laya explicó en su interrogatorio ante el magistrado Rafael Lasala que la entrada de Ghali en España fue una decisión política, que se trató con discreción y que, efectivamente, no se le pidió el pasaporte ni a su llegada a Zaragoza el 18 de abril ni a su salida ya en junio. Según explicó la que fuera máxima responsable de la diplomacia española, se apoyaron en el convenio de Schengen. "¿Hicimos averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en territorio Schengen? Pues no señoría, no lo hicimos porque nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre los dos países", explicó Laya en sede judicial.

Muerte del caso Ghali

La Abogacía General del Estado pidió el archivo tanto para la exministra como para su otrora jefe de gabinete, Camilo Villarino, alegando que no cometieron prevaricación porque no sabían que Ghali estaba investigado en dos causas en la Audiencia Nacional. El magistrado instructor solo accedió a levantar la imputación para el segundo de ellos, argumentando que, si éste no conocía la situación procesal de Ghali "ningún reproche penal cabe realizar". Sin embargo, mantuvo en la causa a Laya al considerar que la ministra coordinó este operativo.

La decisión de permitir la entrada de Ghali de forma sigilosa podrá ser objeto de crítica, pero es un acto político que excede el ámbito de la prevaricación

Ahora la Audiencia Provincial de Zaragoza corrige al instructor y archiva la causa para la exministra, reduciendo a cero el procedimiento abierto hace justo un año por delitos de falsedad documental o prevaricación. Frente al criterio de las acusaciones populares, que sostienen que el Gobierno actuó al margen de la Ley con la llegada de Ghali para ocultarla a Marruecos, los magistrados insisten en que fue una decisión política y así se debe entender la crisis diplomática que se desató con Rabat tras conocerse de la acogida en España del líder Polisario.

"Esa decisión de permitir la entrada del Sr. Ghali de forma sigilosa para no afectar nuestra relación con otros países, forma parte de las relaciones exteriores de nuestro Reino y lo acertado o no de dicha decisión y las consecuencias de ella derivadas, podrá ser objeto de crítica, y lo fue, pero como mantiene el Instructor, es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación", reza el auto. También rechazan los jueces que Argelia (país al que se libró comisión rogatoria para localizar a Ghali) hubiera informado de este asunto a Laya. "Se trata de un juicio de inferencia totalmente desprovisto de apoyo fáctico", apostillan.

El pasaporte falso de Ghali

La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a muerte el procedimiento judicial sin despejar algunos asuntos como el relativo al pasaporte falso que un acompañante suyo presentó a su llegada al Hospital de Logroño. Sobre este punto -y en el marco del cual estaba pendiente de declarar el hijo de Ghali- los magistrados se limitan a decir que las acusaciones no mostraron suficiente interés en este aspecto y que no se puede atribuir delito de falsedad documental a la exministra.

Con todo, entienden que las llamadas cruzadas el 15 de abril con la jefa de gabinete de Carmen Calvo (que declaró en la causa en octubre) hacen pensar que Laya estaba al tanto de su llegada desde ese momento. Ahora bien, no fue hasta el día 23 de mes cuando Villano se comunicó con la jefa de gabinete de Grande Marlaska, la cual le comunicó que iba a comunicar a la Audiencia Nacional la presencia de Ghali en nuestro país.

Así pues, concluyen que, aunque se compartiera la tesis del magistrado Lasala acerca de que es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien compete la preparación de la operación y el control de las medidas, esto no afecta a las personas que han estado imputadas en el procedimiento, esto es, a Villarino y a la exministra González Laya. Sentencian, al respecto, que no se ha podido probar que ninguno de los dos supiera que la Audiencia Nacional estaba pendiente de localizar a Ghali para interrogarle como investigado.

Así pues, el procedimiento se acerca a su fin tras un año de diligencias penales en el marco del cual se ha interrogado a los dos imputados y escuchado a más de una decena de testigos; entre ellos empleados del Hospital de Logroño que trataron a Ghali y altos cargos como el general José Luis Ortiz-Cañavate, jefe de la base aérea de Zaragoza, y el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo jefe del Estado Mayor del Aire. Ambos confirmaron que hubo órdenes de Exteriores para no identificar a ninguno de los acompañantes de Ghali a su llegada a España.

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