El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto desmantelar los asentamientos de la capital donde malviven malviven grupos de personas de etnia rumana. Carmena y su equipo han fijado este lunes como fecha límite para dar por erradicados los sitios donde estos pernoctan en condiciones precarias en los alredores del Faro de Moncloa, Puente de Ventas, calle de la Oca, campo de minigolf del Planetario y calle de López de Hoyos, según publica este domingo el diario ABC.
En total, son cinco los asentamientos que el consistorio dará por desmantelados con el objetivo de que no vuelvan a instalarse en la vía pública para vivir en esas deplorables condiciones. "Hay que tratar de mirar la realidad con sus ojos; no es fácil", dice la responsable de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, al citado diario. ¿Cómo pueden marcharse por voluntad propia? En un primer momento, los miembros del Samur Social les explican la lista de recursos que tienen a su disposición para abandonar la calle como pueden ser los albergues y el proyecto Apoi, aunque estas opciones son rechazadas en el 95% de los casos.
Hay que tratar de mirar la realidad con sus ojos; no es fácil", dice la delegada de Derechos Sociales, Marta Higueras
Tras indicarles que deben dejar de vivir de ese modo, ya que no se puede cocinar, hacer fuego, dormir ni hacer sus necesidades en la calle en cumplimiento de las ordenanzas municipales, se establece una fecha para que se marchen. El día fijado acude la Policía Municipal, el Selur y el Samur Social y, aunque sean reticentes a irse o no se lo crean, lo terminan haciendo sin que se les obligue, según explica Higueras a ABC. "Bien es verdad que la presencia de los agentes se tiene que mantener durante varias semanas con el fin de que no vuelvan a instalarse", añade.
Antes del día fijado no es habitual que sus "inquilinos" abandonen masivamente el lugar, si bien en verano se suelen ir a otras zonas de España o, si tienen que abandonar el asentamiento, suelen pedir al Samur Social que les pague el billete para marcharse a su país, agregó la delegada de Derechos Sociales. Dicha entidad dispone de una partida presupuestaria destinada a personas sin recursos. De ahí que los cinco asentamientos estén ahora reducidos a la mínima expresión y el consistorio los dé por eliminados. "Eso no quiere decir que no haya nadie en ellos", reiteró Higueras.
