Las protestas de los agricultores paralizaron buena parte de la geografía española durante el mes de febrero. De esta forma los trabajadores buscaban reivindicar sus derechos y las tractoradas de multiplicaban por toda la Península. Los protagonistas de estas concentraciones fueron sancionados por diferentes infracciones tales como no comunicar las convocatorias, aparcar en lugares no permitido o por falta de respeto a la autoridad. Centenares de estos procedimientos aún siguen abiertos y buena parte de ellos terminarán en los tribunales.

La Policía Nacional y la Guardia Civil fueron los principales encargados de mantener el orden en estas convocatorias que se volvieron violentas en algunos de los casos, aunque la mayoría transcurrió de forma pacífica y sin altercados. Los promotores de las mismas fueron la Plataforma 6F que congregaron a millares de estos agricultores por toda España.

Uno de los epicentros de estas protestas fue la provincia de Málaga. Dos centenares de empleados del campo se desplazaron hasta la Subdelegación del Gobierno y cortaron las principales vías de acceso a la ciudad. Los agentes de la UIP vivieron momentos de tensión al tener que tomar posición para blindar el edificio.

Este caso fue uno de los ejemplos de intervenciones que se vivieron durante semanas en muchos puntos de la provincia. Aun a día de hoy siguen en marcha algunas de las propuesta de sanción que se ejecutaron esos días. Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se ha indicado, en una respuesta parlamentaria que el número total de procedimientos sancionadores, abiertos en Málaga es de 95.

Multas a traición en Pamplona

Estas sanciones vienen reseñadas por parte de los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil que vigilaron el correcto desarrollo durante las jornadas de protestas del mundo rural. Estos procedimientos están en fase burocrática y podrían alzarse hasta los tribunales si se impugnan.

Las multas a los agricultores en las fechas de las protestas generaron una gran polémica por sus protagonistas. Vozpópuli ya reveló algunos de estos incidentes en Pamplona. Y es que lo que en principio era una simple tarea de identificación de la Policía Municipal de Pamplona a los tractores pasó a convertirse, sin su conocimiento previo, en propuestas de sanción para los agricultores. El Sindicato Independiente de Policías de Navarra (SIPNA) denunció esta situación ya que desconocían las multas que se iban a poner, según informaron fuentes policiales a Vozpópuli.

Fuentes policiales explicaron a Vozpópuli que las sanciones tienen como objeto "estacionar en lugares prohibidos con grave obstrucción". Tienen un importe de 200 euros que se pueden quedar en 100 si se aplica el descuento de un pago rápido. El SIPNA se llegó a reunir con el concejal encargado del asunto y no recibieron las explicaciones correspondientes.

Por el momento esta situación se convirtió en la aplicación de 38 expedientes administrativos. Los agentes actuantes consideraron que se produjo una "injusticia" ya que ellos tenían la orden de solo identificar. Una acción que posteriormente se convirtió en multas que tienen que firmar por los mandos.

El balance final de las protestas de agricultores

Las protestas de los agricultores y el campo español acabaron, según las últimas cifras del Ministerio del Interior, con las cifras de 63 detenidos por las fuerzas de seguridad. El balance de las movilizaciones agrarias acumulado desde el 6 de febrero hasta las 13:00 horas del 1 de marzo cifra en 9.151 las personas que han sido identificadas y en 3.254 las denuncias administrativas interpuestas, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Los motivos son varios, ya sean los cortes de carreteras, el tránsito de las tractoradas en ciudades no autorizadas u otros altercados con las fuerzas de la autoridad. Unas constantes que los agricultores ahora podrían recurrir ante los tribunales ya que aún siguen los procedimientos abiertos.

• Tags
• Agricultores
• Campo español
• Guardia Civil
• Policía Nacional
• Sucesos