España

La tienda de ultramarinos a la que apunta la UDEF como tapadera de la compra de votos en Melilla

La Policía señala a uno de los establecimientos donde presuntamente se podían canjear vales de comida valorados en 50 euros a cambio de votos por correo

La trama de la compra de votos por correo de Melilla consiguió crear a lo largo de diferentes elecciones toda una infraestructura interna para gestionar la salida y entrada de papeletas postales con el fin de favorecer electoralmente a Coalición por Melilla. Parte fundamental del esquema de la compra de votos dependía de la colaboración de ciudadanos pertenecientes a colectivos vulnerables a los que conseguían atraer con la financiación de alimentos de primera necesidad o con la entrega de borregos.

En plena campaña electoral del 28-M, los investigadores se percataron de la presencia de largas colas a las puertas de una pequeña tienda de ultramarinos de la ciudad. Un flujo inusual que la Policía Nacional relaciona con la compra del voto por correo a cambio de un vale de compra de comida por un importe de 50 euros. Esta práctica que pudo verse en distintos establecimientos las semanas previas a las elecciones autonómicas, según detallan los investigadores.

En uno de los informes elaborados por la Brigada Provincial de Policía Judicial y la UDEF, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se adjunta una captura de uno de estos vales publicados en Facebook. Seguidamente, se muestra los alrededores del establecimiento, donde se agolpan varias familias interesadas, el día que presuntamente se estaba entregando dichos vales a eventuales votantes.

La imagen de largas colas es este pequeño establecimiento es solo el ejemplo de lo que ocurría en varios locales señalados por la Policía, donde presuntamente acudían cientos de ciudadanos para canjear vales de comida que habían obtenido a cambio de su voto. Una práctica, según se describe en varios informes recogidos en el sumario de la operación Santiago-Rusadirm, extendida en Melilla desde hacía décadas, financiada gracias a la adjudicación fraudulenta de cientos de contratos menores por parte de una presunta organización criminal liderada por Mustafá Aberchán.

Pagos de entre 50 y 200 euros a cambio de votos en Melilla

Así se desprende de varias conversaciones intervenidas por la Policía en las que el expresidente de Melilla y una de sus colaboradoras acuerdan la financiación de alimentos de primera necesidad para varias familias a cambio de votos, en plena campaña electoral. El modus operandi era brindar a personas de los estratos más bajos la opción de acceder a productos de primera necesidad a cambio de su voto. En algunos casos, se les ofrecía pagos que rondaría entre los 50 y los 200 euros.

Los investigadores recogen a lo largo de diferentes informes varias imágenes en las que puede verse cómo se gestaba la entrega de comida, mientras se contabilizaban nuevos votos a favor de la formación. Largas listas de alimentos para los más necesitados valoradas en miles de euros y en las que podían contarse a cientos de familias como beneficiarias.

Facturas elaboradas a mano para la compra de alimentos a cambio de votos
Facturas elaboradas a mano para la compra de alimentos a cambio de votos

Los integrantes de esta trama consiguieron financiar la compra de votos a través de la adjudicación de 291 contratos fraudulentos valorados en más de seis millones de euros. Adjudicaciones a dedo a miembros de la propia estructura criminal o a empresarios afines con el objetivo final de favorecer electoralmente a CPM. Un entramado que necesitaba lograr buenos resultados electores para continuar formando parte del Gobierno de Melilla y, así, acceder a los fondos públicos.

El objetivo de dichas operaciones sería la "obtención de poder político". Con este fin, se hizo un uso ilícito de los recursos públicos para conseguir beneficios económicos y dar un impulso electoral a la formación liderada por Mustafá Aberchán, así como suministrar rendimiento económico a los conseguidores de estos votos fraudulentos. Gracias a la confabulación entre el órgano de contratación -en este caso la Administración- y adjudicatarios se obtuvieron millones de euros, repartidos en contratos menores, como contrapartida para que los beneficiarios de dichos contratos financiasen la compra de votos.

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