El Gobierno de Canarias, formado por CC y PP, ha decidido poner sobre la mesa sus competencias en la producción de renovables porque las administraciones de cada una de las siete islas, seis sistemas energéticos, funcionan en materia de planificación como una anarquía. Los municipios se defienden ya que, como señala el alcalde de la capital de Fuerteventura, David de Vera (CC), hay una "profunda preocupación por el posible desplazamiento injustificado de las competencias municipales e insulares, contradicciones con la legislación de suelo y espacios naturales protegidos, así como la imposición de modificar el planeamiento urbanístico, afectando al modelo territorial y urbano". Todos los partidos, incluidos CC y PP, defienden lo mismo que De Vera en Puerto del Rosario. Canarias ha diseñado una agenda para implantar 311,59 megavatios (MW) de renovables y eso sin hablar de mejoras de equipos para evitar apagones de luz a corto plazo.

El presidente de la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Rafael Benjumea, no ve con malos ojos que se aplique un único sistema de gestión de adjudicación de potencia pero con matices. "Es muy positivo que se reformule  abordar medidas de eficiencia administrativa que agilicen la tramitación de los proyectos de transición energética y de adaptación climática" para "poder garantizar el suministro energético prioritario para evitar menoscabos en los sectores socioeconómicos de las islas". Pero no le gusta que se intervenga en el capital de las sociedades tenedoras de proyectos y además insta a permitir la deuda como producto válido para acreditar la participación social.

La presidenta de gobierno de Fuerteventura, Dolores García (CC), señala: "no podemos permitir que se invadan las competencias del Cabildo y que se planifique desde los despachos para responder a intereses de grandes multinacionales, dañando el medio rural y natural majorero". Desde el Cabildo de Fuerteventura, donde gobiernan CC y PSOE, se sostiene que por mucho que se haga un ejercicio de fe ciega en el Gobierno de Canarias tampoco la isla va a genera tanto impacto la implantación de renovables porque en la planta Llanos del Dinero II el impacto en evitar los gases de efecto invernadero de las centrales térmicas de Canarias es de un 0,025%. A todo ello añaden que quien da el pase es Red Eléctrica de España (REE), que ha bloqueado desde 2022 el enganche al sistema sea o no renovable al disponer de 173 megavatios que genera la central térmica de Puerto del Rosario, de fuel y diésel.

La Administración canaria sigue considerando que no puede parar sus compromisos. La consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias quiere imponer 311,59 megavatios (MW) de potencia para la instalación de 71 nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en Canarias para avanzar en los objetivos de descarbonización del territorio con 25 parques eólicos y 46 parques fotovoltaicos en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. El consejero canario de Energía, Mariano Zapata, explica que Canarias "reafirma su compromiso con los objetivos de descarbonización" y que la estrategia insular cumple lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que apunta a un 58% de aquí a 2030, por lo que avanzamos en esta línea, decididos a liderar con el ejemplo y demostrar que un futuro energético limpio y renovable "es posible".

UNEF ha presentado nueve alegaciones como eliminar la obligatoriedad de participación social a las empresas radicadas en Canarias, o ampliar a proyectos de 5MW el límite de obligatoriedad de la participación social, reducir el porcentaje de acreditación de la participación social, modificar la acreditación en el tiempo de la participación social: el decreto fija que debe acreditarse en el momento de salir a información pública que es excesivamente pronto en el tiempo, pide aclarar las tecnologías sujetas al criterio de participación social así como reducir de los avales exigidos a las empresas y ajustar el porcentaje de participación a la potencia final del proyecto, cuando se produzcan modificaciones durante su la tramitación.

A juicio de Benjumea, que se obligue a la participación social para los proyectos renovables, de forma obligatoria, para proyectos a partir de 2MW de potencia, en los que hay que reservar un 20% a la participación local, ya sea pública o privada, es cuestionable aunque CC y PP se amparan en la Directiva de Renovables 2023/2413, UNEF asegura que "la directiva no especifica que deban ser proyectos de 2MW ni que el porcentaje tenga que ser de un 20%".  

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