La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha remarcado el compromiso que el ejecutivo tiene con las lenguas cooficiales después de que el ala socialista del Ejecutivo y Esquerra Republicana acordaran este viernes obligar a las plataformas digitales como Netflix a cumplir una cuota de producción de contenidos en las lenguas cooficiales, en el marco de la nueva Ley Audiovisual.
Aunque ha eludido responder si está de acuerdo con que se obligue a las plataformas a establecer esa cuota, sí ha recalcado que el Gobierno está "absolutamente comprometido" con el impulso de la industria audiovisual española y con impulsar también el "desarrollo, la protección y el florecimiento" de las lenguas cooficiales.
"Creemos que la existencia de las distintas lenguas cooficiales es parte de nuestra riqueza y es uno de los elementos que puede hacer que España sea justamente una potencia a nivel mundial en el ámbito audiovisual", ha manifestado Calviño este sábado en declaraciones a los medios en Roma, en el marco de la Cumbre del G20.
Nadia Calviño: "Creemos que la existencia de las distintas lenguas cooficiales es parte de nuestra riqueza y es uno de los elementos que puede hacer que España sea justamente una potencia a nivel mundial en el ámbito audiovisual"
En la misma línea, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a trabajar sobre "los distintos instrumentos" para ver cómo se puede articular "de la mejor manera posible" el doble objetivo que tiene el Gobierno con esta nueva ley: "Impulsar esta industria audiovisual y proteger la riqueza que se deriva de las lenguas cooficiales".
Este viernes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuya formación no presentó enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 a cambio de ese acuerdo, anunció que su partido "fijará una cuota de producción audiovisual en catalán" y avisó de que deberá concretarse antes del próximo 31 de diciembre porque para esa fecha la nueva Ley Audiovisual debe estar aprobada en el Consejo de Ministros, según los plazos que marca Bruselas.
