El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma procesal que limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de dieciocho para los sumarios más complejos, y amplía la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. La ley prevé prórrogas hasta un plazo máximo de 36 meses (3 años), aunque excepcionalmente, a instancias del Fiscal por concurrir razones que lo justifiquen o de oficio por el juez, se podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción. No determina el tiempo máximo de instrucción.
Estas son las principales novedades que recoge el anteproyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, según ha anunciado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, un paquete de medidas de contenido económico pero con repercusiones sociales como la rebaja del IRPF, un Real Decreto sobre las entidades aseguradoras para trasponer la directiva de Solvencia II -fundamental para el desarrollo del mercado interior europeo y que tiene por objeto eliminar las diferencias entre los Estados miembros- y un anteproyecto para planificar la estrategia de acción exterior.
Con la reforma se quiere lograr, según Sáenz de Santarmía, "recuperar aquello que el corrupto ha podido detraer del dinero público, o ha podido beneficiarse de su actividad delictiva"
La vicepresidenta ha enmarcado las reformas en el paquete de medidas contra la corrupción anunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Lo que se busca es una agilización de nuestra justicia penal para que no haya ninguna sensación de impunidad ni tampoco sospechas prolongadas e indefinidas en el tiempo, sino que en unos tiempos de tramitación razonables y suficientes para una investigación profunda se pueda llegar a una sentencia", ha explicado.
Con la reforma se quiere lograr, además, según Sáenz de Santarmía, "recuperar aquello que el corrupto ha podido detraer del dinero público, o ha podido beneficiarse de su actividad delictiva". Se trata de uno de los "elementos troncales y más importantes del paquete de medidas anticorrupción".
Por su parte el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado en rueda de prensa otros aspectos modificados con la reforma de la LECrim, donde se ha ampliado el concepto de juicios rápidos y la intervención de las comunicaciones tecnológicas. Además, se ha establecido un procedimiento para que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sean incorporados al ordenamiento jurídico español. También se ha creado una oficina de recuperación y gestión de activos al estilo francés dentro de las nuevas formas del decomiso para dotar a los responsables de herramientas más eficaces.
Catalá esperaba, una vez pasados los trámites preceptivos, poder presentar el texto en el Congreso el próximo mes de febrero para poder aprobarlo en los primeros meses del próximo año.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, presidía este viernes la primera reunión del Consejo de Ministros a la que asistíael nuevo titular de Sanidad, Alfonso Alonso. Sin embargo, hoy no habrá la nueva foto oficial del nuevo Gabinete tras la salida de Mato y la incorporación de su sustituto debido a que faltará el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien acompañará al rey en la visita que va a realizar a la planta de Seat en Martorell (Barcelona).
