Nuevo episodio de la guerra abierta entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central. La crisis humanitaria desatada tras la llegada de 6.000 migrantes entre los meses de agosto y septiembre ha provocado un cisma entre el equipo de Fernando Clavijo, que pide al Gobierno de España más medios para atender a los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, y los de Pedro Sánchez. Ahora, el Consejo de Ministros ha puesto en marcha este martes el procedimiento para recurrir el protocolo de acogida aprobado hace unos días por el ejecutivo canario.
El Gobierno coalición abre la vía para pedir al Tribunal Constitucional que deje claro que la protección de los menores es una competencia autonómica. El primer paso adoptado por el Consejo de Ministros ha sido solicitar con carácter urgente un informe al Consejo de Estado sobre el protocolo de actuación propuesto por el Gobierno de Canarias.
La estrategia de los de Sánchez para abordar este choque político pasa por plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional; una baza con la que cuenta el Gobierno para presionar a Canarias y cuya primera parada será el órgano presidido por la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo. Si el dictamen del Consejo de Estado es favorable a recurrir al órgano de garantías, podrá optarse por el previo requerimiento formulado al Gobierno Canario para que no aplique el citado protocolo, o bien, interponer directamente el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Protocolo de acogida aprobado el Gobierno de Canarias
El protocolo publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias pasa por no aceptar en sus centros de acogida a más menores si no han sido correctamente identificados y con una asignación individualizada en el momento de su entrega. Para el Gobierno central este protocolo se extralimita a la hora de imponer obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vulnera el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Parte del problema radica en la dificultar para identificar a los menores no acompañados en el momento en el que llegan a territorio español. Según varias fuentes consultadas, el protocolo habitual es que, tras ser recogidos del mar, sean los agentes de Policía y Guardia Civil los que a través de varias entrevistas intenten identificar a los menores y determinar su edad, posteriormente, es el Gobierno canario es quien los deriva a los centros de acogida. No obstante, ante la situación de saturación de espacios, el Ejecutivo de Clavijo exige al Gobierno de España que ofrezca centros de asistencia inmediata donde poder hospedar a los niños hasta que termine su proceso de identificación.
Con esta propuesta, el presidente autonómico pone sobre la mesa un debate jurídico que, según los expertos consultados por Vozpópopuli, tiene pocas posibilidades de prosperar. No obstante, Antonio Benítez Ostos, socio-director fundador de Administrativando Abogados S.L, explica que Canarias tendría una última baza, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan acudir a los Tribunales, ante la inacción de la Administración Central.
Conflicto de competencias ante el TC
El problema, según el letrado, para el Gobierno Canario es que, a nivel constitucional, "no existe legitimación para los gobiernos autonómicos en los conflictos negativos de competencias". Es decir, cuando el conflicto es negativo -en este caso el Gobierno Canario plantea que la administración estatal actúe con los menores-, éste solo puede ser instado por el Estado.
Del mismo modo, el experto en derecho administrativo defiende que lo recogido por el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de Extranjería parecen ir en la misma línea respecto a la competencia autonómica respecto de los menores migrantes, otorgando al Estado un papel de cooperador de las instituciones regionales. Respecto a esto, el presidente de Canarias ha criticado que el Estado, lejos de ayudar y colaborar, lo que ha hecho es "amenazar" con recurrir al Tribunal Constitucional o dar instrucciones a la Fiscalía.
Posición de la Fiscalía
En este sentido, la fiscal superior de Canarias ha dado instrucciones a todos los fiscales de las Islas de cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento "la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia" a la acogida de un menor migrante en un centro de la comunidad autónoma si este ha sido "debidamente reseñado". El Ministerio Público advierte que denunciará por "abandono de menores" al Ejecutivo canario si se niega a acoger a menores migrantes.
Las ONG presentes en el terreno piden más medios para poder atender de una manera "adecuada" y "digna" a los migrantes que llegan en cayucos a las islas. Entre las medidas que solicitan, destacan la construcción de nuevos espacios para acoger a los menores a su llegada. Miguel Díaz, portavoz de Nuevo Futuro defiende en este medio la necesidad de excluir del conflicto políticos un problema humanitario como el que tiene ahora Canarias. Asimismo, mantiene que "debe ser el Gobierno de España" quien habilite los centros de acogida inmediata para "tener a los mejores durante un par de días", mientras son debidamente identificados por la Policía.
Por su parte, la Red Española de Inmigración ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso-administrativo por posible vulneración de derechos fundamentales. La ONG pretende tumbar el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno del pasado 2 de septiembre, al entender que, además de generar "indefensión" al menor, el Gobierno canario no es competente para adoptar una medida que "no estaba en el orden del día", hecho que "prescinde del procedimiento administrativo habitual y de las medidas de control que el funcionariado puede aportar". El siguiente paso será que la Fiscalía emita informe favorable o desfavorable a admitir a trámite el recurso contra el Gobierno de Fernando Clavijo.
