El Gobierno cuantifica en 47.682 millones las ayudas que España recibirá de la Política Agraria Común (PAC) entre 2021 y 2027, un "objetivo logrado" defendido por ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a pesar del recorte del 10% que han denunciado las organizaciones agrarias. Por su parte, las comunidades autónomas se mantiene divididas en su valoración de los fondos.
Planas ha presidido este jueves en Madrid la Conferencia sectorial de Agricultura a la que han acudido todos los consejeros autonómicos del ramo, y en la que además de debatir la futura programación de la PAC se ha acordado el reparto de 78 millones para reestructuración del viñedo, plagas y sanidad animal.
En su comparecencia previa a la Sectorial, Planas ha insistido en que se ha cumplido el objetivo de que España reciba no menos de 47.500 millones de euros en fondos de la PAC, al nivel de lo obtenido en el periodo 2014-2020.
La cifra proyectada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) asciende a 47.682 millones de euros para el periodo 2021-2027: 39.156 millones para el primer pilar (34.181 millones en ayudas directas) y 8.526 millones para el segundo, centrado en desarrollo rural.
Las organizaciones agrarias calculan que la PAC sufrirá un recorte de al menos el 10% en su conjunto dentro del marco de financiación global de la Unión Europea (UE), si bien todavía se están negociando los reglamentos que configurarán la nueva política agraria.
Planas ha calculado que el acuerdo final de la PAC podría estar listo para principios de 2021, aunque las nuevas reglas no entrarán en vigor hasta enero de 2023, debido en parte al retraso causado por la pandemia del coronavirus.
Menos PAC, pero más fondos post-covid
El ministro ha precisado que las cifras globales de la PAC se incrementarán con el fondo de recuperación post-covid, que incluye 7.500 millones en desarrollo rural frente a los 15.000 propuestos inicialmente, aunque falta por saber qué fondos irán al sector agroalimentario.
Además, ha insistido en que las nuevas reglas de la política agraria supondrán "un cambio de 360 grados", no solo en la arquitectura, sino también en la definición de las ayudas.
"No es un fondo de cooperación interterritorial, sino una política para ayudar a los agricultores y ganaderos en su actividad", ha dicho, en defensa de la condicionalidad del apoyo.
De hecho, el 40% de esos fondos deberán destinarse a fines ambientales o de lucha contra el cambio climático, en línea con el Pacto Verde Europeo, y para compensar a los pequeños productores, el Gobierno propone un pago anual simplificado de hasta 250 euros por hectáreas para quienes tengan entre 6 y 10 hectáreas, tanto si son o no "agricultores genuinos".
Planas ha abordado con los consejeros autonómicos la definición de esa figura, referida a aquella persona que se dedica principalmente al sector primario y que se beneficiará de los pagos directos.
También ha incidido en el futuro diseño de los ecoesquemas, propuestas con las que lograr financiación para mejorar la sostenibilidad ambiental del sector con prácticas como el pastoreo extensivo, el aumento de la agricultura ecológica o la reducción del uso de fitosanitarios y antibióticos.
Un máximo de 100.000 euros para percibir las ayudas en función de los costes de los trabajadores, la simplificación del número de regiones y la desaparición de los derechos individuales son otras de las propuestas que ha trasladado el Ejecutivo a las comunidades.
Las posiciones de las autonomías varían desde las que apoyan sin fisuras la negociación del Gobierno español en Bruselas esta semana, las que subrayan la incertidumbre de cuánto dinero vendrá y las que dan por seguro que habrá una reducción.
Las comunidades, dividas
Desde Aragón y Castilla-La Mancha han valorado el presupuesto y la defensa española en Bruselas, mientras el País Vasco pone el foco en la posterior distribución de los fondos entre autonomías.
Se han mostrado críticos los representantes de Galicia, Andalucía, Castilla y León, Murcia o Madrid, comunidad que ha llegado a asegurar que el recorte de ayudas supondrá "600 millones de euros menos al año" para España.
Más allá del presupuesto, la mayor parte de las comunidades se han mostrado a favor de acabar con los derechos históricos, hacer una definición de agricultor genuino o potenciar la agricultura familiar
